La Municipalidad de Córdoba reactivó el debate sobre el control del estacionamiento en la vía pública con un nuevo intento de regular la actividad de los denominados “naranjitas”, en un contexto marcado por el aumento de la informalidad y los reiterados conflictos con conductores.

El viceintendente Javier Pretto confirmó que el Ejecutivo impulsa una actualización del marco normativo vigente, con el objetivo de adaptar el sistema a las nuevas dinámicas urbanas y tecnológicas. La iniciativa ya comenzó a discutirse en el Concejo Deliberante de Córdoba, donde la Comisión de Servicios Públicos analiza distintas alternativas.

“El desafío es regular adecuadamente conforme a la necesidad actual. Ya existen normas, pero el funcionamiento del servicio cambió”, planteó Pretto, al tiempo que subrayó la necesidad de establecer condiciones claras para el uso del espacio público y la incorporación de trabajadores al sistema formal.

El eje del conflicto: cobros indebidos y falta de control

Uno de los puntos centrales del proyecto es la diferenciación entre quienes operan bajo algún tipo de autorización municipal y aquellos que actúan por fuera de cualquier regulación. Según el viceintendente, allí se concentra el foco de los conflictos.

“No se puede permitir la extorsión de quienes se atribuyen una función que no tienen”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que los casos de cobros arbitrarios o intimidación a conductores deben ser abordados como hechos delictivos, con intervención de la Justicia.

La problemática no es nueva, pero se intensificó en los últimos años al calor de la crisis económica, con un crecimiento sostenido del estacionamiento informal en zonas comerciales y de alta circulación.

Tecnología para eliminar el efectivo

El proyecto incorpora un componente clave: la digitalización del sistema. La intención oficial es avanzar hacia un esquema en el que el pago del estacionamiento se realice exclusivamente a través de una aplicación móvil, eliminando el manejo de dinero en efectivo en la vía pública.

Bajo este modelo, los trabajadores habilitados cumplirían funciones de control y percibirían un porcentaje de la recaudación, acreditado directamente en cuentas personales. A su vez, el sistema permitiría asignar zonas específicas y establecer tarifas predefinidas, reduciendo la discrecionalidad.

“No habría manejo de dinero en la calle y el sistema fijaría reglas claras para todos”, explicó Pretto.

Formalización y contención social

El municipio reconoce que gran parte de quienes ejercen esta actividad lo hacen por falta de alternativas laborales. En ese marco, el proyecto busca combinar la formalización con políticas de contención.

“Hay que contener a quienes no tienen otro ingreso, pero dentro de un esquema autorizado y regulado”, sostuvo el viceintendente.

Desde el Ejecutivo también remarcaron que existen programas de asistencia social y sanitaria que podrían ampliarse en paralelo a la implementación del nuevo sistema. En particular, se mencionó la inversión en infraestructura para el abordaje de consumos problemáticos en el Hospital Príncipe de Asturias, donde se construye un pabellón específico.

Un debate abierto y con tensiones

La regulación de los “naranjitas” vuelve así al centro de la agenda municipal, con un enfoque que combina control, digitalización y asistencia social. Sin embargo, el desafío no es menor: ordenar una actividad extendida, heterogénea y atravesada por la urgencia económica.

El avance del proyecto en el Concejo abrirá una discusión que, más allá de lo técnico, expone una tensión de fondo: cómo gestionar el uso del espacio público sin profundizar la exclusión en un contexto de creciente precariedad.