El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión en términos políticos: la simultaneidad de conflictos con los principales sindicatos estatales, el impacto aún abierto de la Reforma Previsional y la fragmentación del peronismo cordobés lo obligan a recalibrar su base de sustentación gremial en la antesala de la renovación de autoridades del Partido Justicialista, prevista para el próximo 3 de mayo.

En ese contexto, el oficialismo provincial ya proyecta una conducción partidaria fuertemente concentrada: el llaryorismo aspira a retener cerca del 80% de los cargos internos, en una jugada que busca blindar el control político ante un escenario de creciente incertidumbre.

Docentes en rebelión y desgaste de la conducción gremial

El conflicto docente se consolidó como el principal factor de tensión. La última oferta salarial del Centro Cívico fue rechazada de manera contundente por las bases, con 117 mandatos negativos frente a apenas 17 positivos, abarcando 21 de los 26 departamentos provinciales.

El dato no solo refleja el malestar salarial, sino también un fenómeno más profundo: el desacople entre la conducción sindical y sus afiliados. La dirigencia, que llevó reiteradamente propuestas a consideración, quedó expuesta ante una base que ya no convalida acuerdos sin mejoras sustanciales.

Este escenario erosiona uno de los pilares históricos del peronismo: su anclaje en el sindicalismo estatal, que durante décadas funcionó como sostén político y territorial.

Reforma previsional y judicialización del conflicto

En paralelo, la sanción de la ley de “Equidad Previsional” a fines del año pasado abrió un frente de conflicto transversal en el sector público. Gremios como judiciales, bancarios, municipales (SUOEM) y Luz y Fuerza mantienen una doble estrategia: movilización callejera sostenida y una ofensiva judicial con múltiples amparos en las Cámaras Contencioso Administrativas.

El rechazo se concentra especialmente en los sectores con mejores remuneraciones, que consideran que la reforma implica una pérdida concreta de derechos adquiridos. La combinación de protesta activa y litigio masivo configura un escenario de presión permanente sobre el Ejecutivo.

Reconfiguración del mapa sindical

El deterioro del vínculo con los sindicatos estatales coincide con una reconfiguración del mapa gremial. Sectores históricamente alineados con el peronismo provincial comenzaron a tomar distancia, y algunos incluso encontraron nuevos canales de expresión política.

En ese terreno se inscribe el rol de Natalia de la Sota, quien logró capitalizar parte del descontento sindical en elecciones recientes. Si bien el Centro Cívico consiguió luego recomponer parcialmente la foto política con algunos gremios, el desgaste persiste.

A esto se suma la posición ambivalente del peronismo cordobés frente al Gobierno nacional, que tensiona la relación con sindicatos industriales como la UOM y SMATA, tradicionalmente cercanos al oficialismo provincial.

Las 62 Organizaciones y el intento de contención

En medio de este cuadro, el Gobierno provincial activó una estrategia de contención con el sindicalismo afín. La semana pasada, más de 60 gremios vinculados a las 62 Organizaciones Peronistas participaron de un encuentro en un hotel céntrico de la ciudad.

El evento contó con la presencia de funcionarios clave del esquema político de Llaryora, entre ellos Facundo Torres, Miguel Siciliano, Marcelo Rodio y Javier Pretto.

El anfitrión, Ricardo Moreno, explicitó el respaldo de las 62-O al gobernador y dejó en claro que el acompañamiento tiene una contrapartida esperada: participación en la futura conducción partidaria.

Según trascendió, en un encuentro posterior más reducido, Llaryora confirmó que el nuevo esquema del PJ reservará ocho de cada diez lugares para el oficialismo, incluyendo dentro de ese lote a los gremios alineados.

Control partidario como seguro político

La decisión de avanzar hacia una estructura partidaria altamente controlada no responde únicamente a una lógica de acumulación interna. En el entorno del gobernador reconocen que el horizonte electoral de 2027 aparece como un escenario competitivo y abierto.

En ese marco, retener el control del Partido Justicialista se vuelve un activo estratégico: no solo ordena la interna, sino que garantiza capacidad de maniobra ante eventuales derrotas o reconfiguraciones del poder político.

La tensión con los sindicatos, lejos de ser un episodio coyuntural, empieza a delinear un cambio estructural en la relación entre el peronismo cordobés y su histórica base gremial. El desenlace de este proceso no solo impactará en la gobernabilidad inmediata, sino también en la arquitectura política de los próximos años.