La Legislatura de Córdoba se encamina a aprobar esta semana una modificación sustancial del Código de Convivencia con foco en la actividad de los llamados “naranjitas”, en un contexto de creciente malestar social y con la mirada puesta en la capital provincial, donde el conflicto escaló a niveles críticos.

El cronograma legislativo ya está en marcha: este lunes, la comisión de Seguridad recibirá a representantes de la Iglesia, cooperativas, centros vecinales y otras organizaciones; el martes se buscará emitir dictamen; y el miércoles el oficialismo intentará llevar el proyecto al recinto para su aprobación. La rapidez del proceso no es casual: responde a una decisión política directa del gobernador Martín Llaryora, quien la semana pasada intervino para destrabar las demoras y ordenar un avance inmediato.

Una ley provincial con impacto local

Aunque la modificación tendrá alcance provincial, en el propio oficialismo reconocen que el problema es esencialmente capitalino. En la ciudad de Córdoba, la actividad de cuidacoches se transformó en un foco permanente de tensión entre vecinos, trabajadores informales y situaciones delictivas que conviven sin distinción clara.

La iniciativa busca establecer un marco general que habilite a los municipios a definir si permiten o no este tipo de actividad, pero bajo reglas más estrictas. En ese esquema, la Provincia fija las bases y delega la implementación concreta en cada jurisdicción.

El trasfondo es político: la capital concentra cerca del 40% del electorado provincial y se ha convertido en un punto débil para el peronismo. Las encuestas que circulan en el Centro Cívico reflejan un descontento extendido por la falta de orden en el espacio público, un dato que empieza a condicionar la estrategia oficial de cara al próximo turno electoral.

Presión sobre Passerini

La movida de Llaryora también tiene un destinatario claro: el intendente Daniel Passerini. Tras el eventual aval legislativo, será el municipio el que deba traducir el marco legal en un plan concreto para la ciudad, donde se espera una intervención más decidida.

El propio Passerini participó de las reuniones donde el gobernador exigió celeridad, pero ahora el foco se traslada a su gestión. En el oficialismo provincial admiten que la resolución de fondo dependerá de la capacidad del municipio para ordenar una actividad que hoy opera, en gran medida, fuera de control.

Consenso político y tensión de enfoques

En la Legislatura, el oficialismo de Hacemos Unidos optó por no presentar un proyecto propio y tomar como base la iniciativa del legislador del PRO, Oscar Agost Carreño, incorporando aportes de la UCR y el socialismo. El objetivo es alcanzar un dictamen con el mayor consenso posible y garantizar una aprobación amplia.

Quedaría fuera de la discusión la propuesta del legislador Gregorio Hernández Maqueda, que planteaba directamente la prohibición total de la actividad, una postura que no logró reunir respaldo suficiente.

El proyecto en construcción combinaría dos ejes: por un lado, sanciones para la actividad ilegal de cuidacoches y la prohibición de limpiavidrios; por otro, un componente social que reconozca a los trabajadores registrados y promueva programas de reinserción laboral.

Este último punto responde en parte a la presión de sectores como la Iglesia, que a través del arzobispo Ángel Rossi viene reclamando un abordaje que no sea exclusivamente punitivo. En esa línea se inscribe también el aporte del legislador socialista Matías Chamorro, quien impulsó una mirada centrada en la inclusión social.

Un problema estructural sin resolución inmediata

La discusión que se abre no es nueva, pero sí más urgente. El fenómeno de los “naranjitas” expone una combinación de informalidad laboral, ausencia de controles y situaciones de inseguridad que se retroalimentan.

La ley que podría sancionarse esta semana aparece como un primer paso para ordenar el escenario, aunque en el propio oficialismo reconocen que la clave estará en la implementación. Sin un plan integral desde el municipio —que incluya control efectivo, alternativas laborales y coordinación con fuerzas de seguridad— el riesgo es que la normativa quede en una declaración de intenciones.

La jornada de hoy en comisión anticipa un debate intenso, con posiciones divergentes sobre cómo abordar un problema que atraviesa lo social, lo económico y lo político. Pero la verdadera prueba comenzará después, cuando la responsabilidad pase del plano legislativo a la gestión concreta en las calles de Córdoba.