El conflicto docente en Córdoba ingresó en una fase de alta tensión que amenaza con extenderse más allá de lo previsto. Con un paro de 72 horas anunciado para esta semana y negociaciones virtualmente trabadas, desde el entorno del gobernador Martín Llaryora reconocen que el escenario es complejo, tanto por restricciones fiscales propias como por el deterioro del contexto económico nacional.

Puertas adentro del Centro Cívico admiten, sin rodeos, un dato que empieza a marcar el pulso social: “la gente está enojada porque los sueldos no alcanzan”. La frase sintetiza una tensión que trasciende la discusión paritaria y expone un malestar más amplio, vinculado a la pérdida de poder adquisitivo y a una economía que, según el propio diagnóstico oficial, “no arranca”.

Negociación estancada y estrategia de desgaste

La negociación con el sector docente muestra signos de estancamiento. Desde el Gobierno provincial deslizan que la estrategia pasa por esperar un gesto del gremio para reencauzar el diálogo. Sin embargo, en paralelo, comienzan a preparar el terreno para un conflicto prolongado: “Tenemos que estar preparados para un mes y medio o dos meses”, reconocen.

El planteo oficial apunta a que los docentes levanten las medidas de fuerza para habilitar una nueva instancia de negociación. Del otro lado, la postura es clara: no habrá tregua sin una oferta concreta. El resultado es un punto muerto que eleva la tensión y endurece posiciones.

Una oferta que no alcanza frente al malestar

En términos estrictamente numéricos, la Provincia defiende su propuesta salarial. El esquema incluye un reajuste promedio del 10,3% en los primeros dos meses, un diferencial estimado del 5,3% por encima de la inflación proyectada y actualizaciones mensuales desde abril atadas al índice de precios, con carácter remunerativo, bonificable y acumulativo.

Además, el Ejecutivo retiró uno de los puntos más cuestionados: la cláusula que condicionaba los aumentos a la evolución de la recaudación. Sin embargo, ni siquiera esa concesión logró revertir el rechazo docente.

La explicación que ensayan en el oficialismo es tan política como económica: los números pueden cerrar en términos técnicos, pero no alcanzan a recomponer ingresos deteriorados. La percepción social, admiten, va por otro carril.

El efecto dominó sobre el resto del Estado

Para el Gobierno, la paritaria docente tiene un peso específico que excede al sector educativo. Funciona como referencia directa para el resto de los gremios estatales. Cualquier acuerdo que supere determinados umbrales podría generar un efecto cascada inmediato, presionando sobre las cuentas públicas.

En ese marco, Llaryora ya anticipó medidas de ajuste interno, entre ellas la postergación de obra pública para redireccionar recursos hacia la política salarial. Es una señal clara del margen acotado con el que opera la Provincia.

Alta adhesión y clima interno en el gremio

Los niveles de acatamiento a las medidas de fuerza son otro factor clave. El último paro superó el 50% de adhesión, un dato que en el oficialismo leen como confirmación de que el malestar no es marginal ni exclusivamente dirigencial.

A esto se suman nuevas demandas sindicales: aumentos más elevados, revisión de descuentos por días de paro y cambios en el esquema previsional. Por ahora, no hay señales de que el Ejecutivo esté en condiciones de responder a ese pliego sin comprometer el equilibrio fiscal.

Conciliación obligatoria: herramienta en discusión

La posibilidad de dictar la conciliación obligatoria aparece sobre la mesa, pero sin consenso interno. Mientras algunos sectores del oficialismo consideran que puede ser una vía para descomprimir el conflicto, otros advierten que el clima social no toleraría una confrontación prolongada ni medidas percibidas como coercitivas.

Incluso hay quienes dentro del Gobierno sugieren sostener el conflicto para desgastar la protesta, una estrategia de alto riesgo en un contexto de creciente malestar económico.

Contexto nacional y presión sobre las provincias

El trasfondo del conflicto remite, en buena medida, a la situación macroeconómica. En el Gobierno provincial apuntan directamente al impacto del modelo económico nacional, al que responsabilizan por la caída de la actividad y el deterioro de los ingresos.

El frente fiscal aparece como uno de los puntos más críticos. La baja en la recaudación y las políticas de ajuste están generando una presión creciente sobre provincias y municipios. Según describen, algunas jurisdicciones ya recurren a adelantos de coparticipación para pagar salarios, un recurso que podría agotarse en el corto plazo si no hay recuperación económica.

El diagnóstico se vuelve aún más preocupante cuando se mencionan prácticas que remiten a crisis anteriores: el pago con tickets o bonos en algunos municipios. Un escenario que, aunque todavía incipiente, enciende señales de alerta sobre la sostenibilidad financiera del sector público.

Un conflicto abierto y sin salida inmediata

La experiencia indica que las paritarias docentes en Córdoba suelen extenderse más allá de marzo. Pero esta vez el contexto introduce un factor diferencial: la combinación de crisis económica y calendario político reduce los márgenes de maniobra y eleva los costos de cada decisión.

El conflicto sigue abierto. Y el Gobierno enfrenta una ecuación compleja: atender un reclamo legítimo sin desbordar las cuentas públicas, en un escenario donde la economía condiciona todo y donde el malestar social ya dejó de ser un dato secundario para convertirse en el eje central del problema.