Un nuevo foco de crisis institucional se abre en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Dos de sus jueces, junto a funcionarios clave del fuero, quedaron imputados en una causa que combina sospechas de manipulación en expedientes sensibles con denuncias de violencia laboral dentro del propio tribunal.

Los camaristas señalados son Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres. La imputación también alcanza al secretario penal Mario Roque Olmedo y al secretario de superintendencia Gustavo Eduardo Flores, este último acusado además de falso testimonio. La investigación fue impulsada por los fiscales federales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian.

Sospechas sobre causas de alto impacto

El eje más delicado del expediente apunta a la presunta manipulación en la integración del tribunal para intervenir en causas de fuerte peso económico. Entre ellas, aparece la megacausa por evasión vinculada al caso Bunge, un expediente con impacto directo en el sector agroindustrial.

Según la acusación, habría existido una operatoria orientada a garantizar que determinados jueces intervinieran en expedientes estratégicos. La hipótesis fiscal sugiere que estas maniobras no fueron aisladas, sino parte de un mecanismo sistemático que podría haber condicionado decisiones judiciales en causas sensibles.

El trasfondo institucional agrava el cuadro. Actualmente, la Cámara funciona con una integración incompleta: faltan dos jueces titulares, lo que reduce su conformación a cuatro magistrados. El esquema se divide en dos salas, y el tercer voto lo aporta un juez de turno mensual. En ese contexto, cualquier alteración en la integración adquiere un peso determinante.

El abogado Claudio Orosz, representante de la denunciante, describió el funcionamiento y apuntó directamente a una manipulación deliberada: sostuvo que las maniobras buscaban garantizar que los mismos actores intervinieran en causas de alta trascendencia económica.

El origen: una negativa y una denuncia interna

El caso se desencadenó a partir de la denuncia de la secretaria Celina Laje Anaya, quien actualmente se encuentra de licencia. Según su relato, el conflicto comenzó cuando se negó a firmar una certificación vinculada a la conformación de las salas, por considerarla irregular.

A partir de ese momento, según la denuncia, se habría iniciado un proceso de hostigamiento sostenido. Orosz fue contundente al describir la situación: habló de persecución sistemática, humillaciones, violencia verbal y psicológica. Incluso afirmó que el impacto en la salud de la funcionaria fue significativo, tanto en el plano físico como psíquico.

La causa incorpora así un componente adicional que excede lo estrictamente administrativo o penal: pone bajo la lupa las condiciones laborales dentro de un tribunal clave del sistema federal.

Delitos imputados y defensa

Los funcionarios imputados enfrentan cargos por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Se trata de figuras penales graves que, de confirmarse, podrían tener consecuencias institucionales de alto impacto.

Del otro lado, la defensa rechazó de plano las acusaciones. El abogado Carlos Nayi sostuvo que sus representados “son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal” y afirmó que una investigación seria demostrará que los hechos denunciados “no existieron”.

Una causa que expone fragilidades estructurales

Más allá del desenlace judicial, el caso deja expuesta una problemática de fondo: la vulnerabilidad institucional en un tribunal que opera con integración incompleta y mecanismos que, según la denuncia, podrían ser manipulados.

La combinación de presuntas irregularidades en causas de alto impacto económico y denuncias de violencia interna configura un escenario que erosiona la credibilidad del sistema judicial. En un contexto donde la confianza pública ya es limitada, el avance de esta causa será observado de cerca, no solo por sus implicancias penales, sino por lo que revela sobre el funcionamiento real de la Justicia federal en Córdoba.