La agenda de seguridad volvió a ocupar el centro de la escena política en Córdoba y reactivó un frente de conflicto entre el oficialismo provincial y la oposición legislativa. En las últimas horas, los bloques de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico, integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, avanzaron con cuestionamientos directos a la gestión del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al enfoque del gobierno de Martín Llaryora en dos ejes sensibles: el funcionamiento del sistema policial y el abordaje del fenómeno de los “naranjitas”.

El doble frente de críticas no solo revela diferencias de diagnóstico, sino también una estrategia opositora que busca disputar el sentido de la política de seguridad en la provincia, en un contexto donde el oficialismo aparece obligado a defender su gestión frente a un escenario cada vez más exigente.

La UCR empuja reformas estructurales

Desde el radicalismo, la ofensiva tomó forma legislativa. El bloque de la UCR presentó un paquete de tres proyectos que apunta a modificar aspectos clave del sistema de seguridad provincial. La iniciativa se alinea con los planteos que viene impulsando Rodrigo de Loredo, quien ya instaló el tema como uno de los ejes de su proyección política.

El núcleo de la propuesta combina medidas salariales con cambios en el régimen previsional. Por un lado, se plantea un aumento del 20% en el salario básico para el personal policial y penitenciario, con impacto tanto en activos como en retirados. Por otro, se propone extender la carrera policial, elevando de 25 a 30 años los años de servicio para el personal subalterno y aumentando en tres años la edad de retiro para el personal superior.

El argumento central es que el sistema actual incentiva retiros anticipados que terminan debilitando la estructura operativa de la fuerza. En ese marco, los legisladores radicales sostienen que retener personal capacitado resulta más eficiente que incorporar nuevos agentes sin experiencia.

El paquete incluye además la eliminación del diferimiento en los haberes de los jubilados policiales —una demanda histórica del sector— y una mejora en las condiciones de los agentes en situación pasiva, elevando del 30% al 60% el porcentaje salarial que perciben mientras se resuelven sus procesos administrativos.

Según estimaciones del bloque, la implementación de estas medidas permitiría sumar cerca de 4.000 efectivos a las calles, un dato que el radicalismo utiliza como argumento para reforzar su diagnóstico: el problema no es solo de cantidad de policías, sino de diseño del sistema.

El tono político del planteo no es menor. Desde la UCR hablaron de un “fracaso sistemático” de las políticas de seguridad del peronismo, marcando un posicionamiento que busca capitalizar el malestar social frente al delito.

El Frente Cívico cambia el eje: los “naranjitas” y el rol municipal

En paralelo, el Frente Cívico eligió otro ángulo de confrontación. El foco estuvo puesto en el debate sobre los cuidacoches y la intención del oficialismo de avanzar con una regulación provincial de la actividad.

El presidente del bloque, Walter Nostrala, cuestionó de manera directa el diagnóstico del Gobierno y del propio Quinteros, al considerar que se intenta sobredimensionar el problema de los “naranjitas” como parte de la agenda de seguridad.

Para el dirigente, se trata de una cuestión estrictamente municipal y no de un tema que deba escalar a la Legislatura provincial. En ese sentido, planteó que existen experiencias dentro de Córdoba donde el sistema funciona bajo esquemas de regulación local, citando los casos de Villa Carlos Paz y Villa María.

El eje de su argumento es claro: el problema no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de controles. Según su lectura, cuando el Estado municipal se retira, el espacio público queda librado a la informalidad; pero con regulación y fiscalización, la actividad puede ordenarse.

Nostrala fue más allá y cuestionó lo que considera una desviación deliberada del debate. A su entender, vincular a los cuidacoches con la inseguridad implica correr el foco de los delitos complejos, como el narcotráfico o las entraderas, que requieren otro tipo de abordaje.

Passerini en la mira y tensión interjurisdiccional

Las críticas del Frente Cívico también alcanzaron al intendente de la capital, Daniel Passerini. Nostrala sostuvo que el municipio cuenta con herramientas suficientes para ordenar la actividad sin necesidad de una ley provincial, señalando una responsabilidad directa en la gestión del espacio público.

El planteo introduce un elemento adicional en la discusión: la tensión entre niveles de gobierno. Mientras la Provincia busca intervenir con una normativa general, sectores de la oposición advierten sobre una posible superposición de competencias y, en el fondo, sobre una estrategia política para trasladar responsabilidades.

Un debate que expone el trasfondo político

La simultaneidad de ambos frentes —reforma policial y regulación de los “naranjitas”— no es casual. La oposición articula una narrativa que combina propuestas concretas con cuestionamientos de fondo al enfoque oficial.

Por un lado, intenta mostrarse con capacidad de gestión en materia de seguridad, presentando iniciativas que impacten en la presencia policial. Por otro, busca desarmar lo que considera una agenda distractiva del Gobierno, poniendo en discusión las prioridades.

Para el oficialismo de Llaryora, el desafío es doble: sostener la coherencia de su estrategia frente al delito y evitar que la oposición logre instalar la idea de que las políticas actuales resultan insuficientes o mal orientadas.

En ese cruce, la seguridad vuelve a consolidarse como uno de los principales campos de disputa política en Córdoba, con implicancias que exceden lo legislativo y se proyectan directamente sobre el clima social y el escenario electoral.