El conflicto salarial entre el Gobierno provincial y los docentes sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La tercera propuesta presentada por el Centro Cívico fue rechazada de manera contundente en las asambleas departamentales, dejando al Ejecutivo frente a un escenario complejo y con escaso margen de maniobra. La definición formal llegará en la Asamblea Provincial de hoy, donde la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) confirmará la negativa y avanzará en un plan de lucha que podría incluir hasta 72 horas de paro.

Los números que arrojaron las consultas internas del gremio no dejaron lugar a interpretaciones. Pasado el mediodía de ayer, el conteo preliminar ya marcaba una tendencia clara: 40 votos por el rechazo contra apenas 6 a favor. Con el correr de las horas, la brecha se amplió de manera categórica hasta alcanzar los 90 votos negativos sobre un total de 134, con el único respaldo al ofrecimiento proveniente del departamento San Justo. El resultado consolidó un escenario irreversible incluso antes de la instancia provincial.

La magnitud del rechazo no sólo refleja una disconformidad salarial, sino también un deterioro en la relación entre el Ejecutivo y la base docente. En la previa de las asambleas, el Gobierno optó por endurecer su postura mediante descuentos por días de paro que, según denunció la delegación Capital del gremio, resultaron desproporcionados en relación con las horas no trabajadas. La estrategia, que en otros momentos funcionó como mecanismo de disciplinamiento, tuvo esta vez el efecto contrario: profundizó el malestar y consolidó la postura de rechazo.

Un dato que comienza a consolidarse en el análisis del conflicto es el cambio en el comportamiento del sector docente. Con salarios deteriorados y pluriempleo creciente, muchos trabajadores de la educación han perdido el temor a los descuentos. En ese contexto, el paro deja de ser únicamente una herramienta de presión sindical para convertirse también en una instancia que permite compensar ingresos mediante otras actividades informales. Este fenómeno debilita uno de los principales instrumentos de presión del Estado.

El distrito Capital, que concentra cerca de la mitad de los docentes de la provincia, aportó señales particularmente contundentes. El 98% de los mandatos —sobre un total de 604— se expresó por el rechazo. Además, el 92% reclamó un aumento salarial del 40%, mientras que el 55% se inclinó por una medida de fuerza de 72 horas. El nivel de malestar interno también alcanzó a la conducción sindical: 167 mandatos pidieron la renuncia del secretario general, Roberto Cristalli.

La protesta tuvo su correlato en la calle. Durante la tarde de ayer, el Ministerio de Educación fue ocupado momentáneamente por docentes bajo la consigna de exigir la restitución de los descuentos aplicados por las jornadas de paro. La escena expuso un nivel de conflictividad que trasciende la discusión estrictamente paritaria y se inscribe en un clima de creciente desgaste institucional.

Desde el punto de vista del Gobierno, la oferta rechazada no carecía de elementos que buscaban resultar atractivos. El esquema proponía una paritaria anual —de febrero de 2026 a enero de 2027— con un incremento promedio del 10,3% en el primer bimestre. Descontada la inflación de febrero (2,9%) y la proyectada para marzo, el diferencial positivo se ubicaba en torno al 5,3% por encima del IPC.

A esto se sumaba un mecanismo de actualización mensual desde abril, equivalente a la inflación del mes previo, con carácter remunerativo, bonificable y acumulativo, y desvinculado de la evolución de la recaudación provincial. La propuesta incluía además sumas fijas de 50.000 y 22.500 pesos para febrero y marzo, respectivamente, y una recomposición progresiva del FONID que implicaba prácticamente su duplicación a lo largo del acuerdo.

En términos concretos, la aceptación del acuerdo habría significado el cobro de retroactivos que podían alcanzar los 313.000 pesos en abril, un incentivo relevante para un sector afectado por altos niveles de endeudamiento, especialmente con tarjetas de crédito del Banco de Córdoba. Sin embargo, la oferta no logró revertir el malestar acumulado.

El paquete también contemplaba la eliminación del tope del complemento remunerativo, la suspensión del FOSAET, la continuidad de la suspensión del artículo 3 vinculado a la profesionalidad docente, una cláusula de revisión en septiembre y una cláusula de “igual tratamiento” frente a eventuales acuerdos más favorables con otros gremios estatales. Asimismo, se proponía una actualización de las bandas de aportes y del umbral de diferimiento jubilatorio, elevándolo a 1.650.000 pesos, lo que dejaba al 80% de los jubilados fuera de ese esquema.

A pesar de este conjunto de medidas, el rechazo fue categórico. El trasfondo económico también condiciona el escenario: la Provincia acumula ocho meses consecutivos de caída en la recaudación, lo que limita su capacidad de mejorar la oferta sin comprometer el equilibrio fiscal.

Con este cuadro, el conflicto entra en una zona de incertidumbre. No existen antecedentes recientes de tres rechazos consecutivos por parte del gremio docente, lo que obliga al Gobierno a evaluar alternativas que hasta ahora permanecían en reserva: la conciliación obligatoria o el otorgamiento de aumentos por decreto.

Ambas opciones implican costos políticos. La primera, porque puede ser interpretada como una maniobra dilatoria; la segunda, porque tensiona aún más la relación con el sindicato. En cualquier caso, el margen para una salida negociada parece, al menos por ahora, cada vez más estrecho.