La oposición en la Legislatura de Córdoba endureció su ofensiva contra la administración de Martín Llaryora y colocó la transparencia en el centro del debate político. En un movimiento coordinado, la UCR, el juecismo y el PRO reactivaron denuncias por incumplimientos en el acceso a la información pública, señalaron trabas operativas y avanzaron con una batería de proyectos para reformar el marco legal vigente. El trasfondo es más amplio: una disputa estructural por el control del gasto público y la rendición de cuentas del Ejecutivo.

Con matices, los distintos bloques coinciden en un diagnóstico: la distancia entre las herramientas normativas y su aplicación efectiva se amplía. El radical Miguel Nicolás habló de un “incumplimiento permanente” de las leyes 8.803 y 10.835, mientras que el juecista Walter Nostrala acusó al oficialismo de ser “refractario a los controles”. En paralelo, figuras como Brenda Austin y Oscar Agost Carreño impulsan reformas estructurales para elevar los estándares locales a parámetros nacionales e internacionales.

El planteo opositor no se limita a lo discursivo. Nicolás denunció que la administración provincial “viola consecutivamente” el derecho de acceso a información “completa, veraz, adecuada y oportuna”, en línea con el principio de publicidad de los actos de gobierno. Además, advirtió sobre prácticas que —según sostuvo— se han naturalizado: desde la omisión de datos hasta la implementación de “vericuetos informáticos” que dificultan el acceso real a la información.

En ese marco, el legislador fue más allá y apuntó a un escenario que tensiona la relación entre el Estado y la prensa: la necesidad de recurrir a la Justicia para obtener datos oficiales. La referencia remite, entre otros episodios, a las derivaciones del caso de la “empleada fantasma” en la Unicameral, que expuso límites concretos en los mecanismos de control. A esto se suma otra crítica recurrente: el “cajoneo” de proyectos opositores vinculados a la transparencia, lo que, según el radicalismo, refuerza un esquema de opacidad.

Desde el Frente Cívico, Nostrala elevó el tono. Acusó al oficialismo de intentar deslegitimar al Tribunal de Cuentas bajo el argumento de que “obstruye la gestión” y lanzó una advertencia directa hacia el gobernador: “Cuando termine su mandato en 2027 va a tener que rendir cuentas ante quien corresponda”.

Una discusión estructural

Más allá de la confrontación política, el debate expone una discusión de fondo sobre la efectividad del sistema vigente. La ley 8.803 garantiza formalmente el acceso a la información pública, mientras que la 10.835, de administración financiera, establece mecanismos digitales para facilitarlo. Sin embargo, para la oposición, el problema no radica en la ausencia de herramientas, sino en su implementación.

Uno de los puntos más cuestionados es el funcionamiento del Portal de Transparencia. Aunque permite navegar datos oficiales, los opositores lo describen como un sistema poco amigable, con recorridos complejos y sin el nivel de desagregación necesario. Montos globales sin detalle, falta de identificación de destinatarios y dificultades para reconstruir el destino del gasto son algunas de las críticas recurrentes. “Te perdés y no llegás a información concreta”, sintetizó un asesor con experiencia en la materia.

Las limitaciones también se evidencian en áreas sensibles como las licitaciones públicas. Según los cuestionamientos, el acceso a esa información requiere conocimientos técnicos avanzados e incluso credenciales específicas, lo que restringe su utilización por parte de ciudadanos sin formación especializada.

Un caso testigo es el gasto en los Centros Cívicos del interior. Allí, la información disponible se limita a cifras globales, sin desglose de personal, estructura operativa ni distribución territorial de recursos. “Es todo una nube”, cuestionaron desde la oposición, al señalar la imposibilidad de rastrear con precisión el uso de fondos públicos.

Reformas en marcha

Frente a este escenario, los distintos espacios avanzan con propuestas concretas. Desde la UCR, Austin impulsa una reforma integral basada en el principio de “transparencia activa”, que obligue al Estado a publicar información de manera proactiva, sin necesidad de requerimientos ciudadanos. La diputada planteó que el problema no es solo normativo, sino también cultural: “Si el gobierno no cree que tiene la obligación de rendir cuentas, lo que termina pasando es el oscurantismo”.

En la misma línea, el Frente Cívico propone modificar la ley 10.835 para fijar plazos concretos en la carga de datos y garantizar un control “en tiempo real” del gasto público. La iniciativa también busca incorporar bajo ese esquema a agencias y entes descentralizados, ampliando el alcance del control.

Por su parte, Agost Carreño plantea actualizar la legislación vigente para asegurar un acceso “gratuito, digital y rápido”, con responsabilidades claras para los funcionarios que incumplan. Su propuesta incluye, además, la posibilidad de acudir directamente a la Justicia en caso de falta de respuesta estatal, replicando mecanismos ya implementados a nivel nacional. En paralelo, el legislador anticipó iniciativas vinculadas a la trazabilidad digital en la obra pública, un área históricamente sensible en términos de transparencia.

Un eje de desgaste político

Con este paquete de denuncias y proyectos, la oposición busca instalar la transparencia como uno de los principales frentes de desgaste del oficialismo. El foco no está solo en la existencia de normas, sino en su efectividad real y en la capacidad de los ciudadanos —y de la prensa— para acceder a información clave sobre el uso de recursos públicos.

El gobierno, por ahora, enfrenta una presión creciente en un terreno donde las herramientas formales existen, pero su funcionamiento concreto sigue bajo cuestionamiento. En ese margen entre la norma y la práctica es donde se libra, hoy, una parte central de la disputa política en Córdoba.