El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, realizó una inusual autocrítica sobre el desempeño de su administración al reconocer que su gestión se encuentra “por debajo de 4”. La evaluación, poco habitual en la retórica política local, aparece en un contexto marcado por restricciones económicas, caída de la recaudación y un esquema de servicios públicos tensionado.

Aunque evitó instalar el argumento como una justificación, Passerini vinculó ese rendimiento con el impacto de compromisos financieros heredados. “No lo quiero poner como excusa, pero esta semana tuvimos que afrontar deudas de gestiones anteriores por US$ 25 millones”, afirmó. El jefe comunal precisó que ese desembolso corresponde a obligaciones contraídas durante la gestión de Ramón Javier Mestre, y remarcó el peso que estos compromisos siguen teniendo sobre las cuentas municipales.

Según detalló, con este último pago la actual administración ya canceló el 68,7% de la deuda total, incluyendo capital e intereses. En un intento por dimensionar el impacto de esa erogación, Passerini sostuvo que el monto abonado “equivale a la pavimentación de más de 500 cuadras”, una comparación que busca traducir el esfuerzo financiero en términos de obra pública postergada.

Desde el área económica del municipio, el secretario Sergio Lorenzatti reforzó esa línea argumental al señalar que el cumplimiento de obligaciones “posiciona a la Municipalidad como una entidad confiable y previsible ante los mercados”. En esa misma línea, aseguró que, pese al contexto adverso, el Ejecutivo sostiene el equilibrio fiscal con el objetivo de alcanzar déficit cero en el ejercicio en curso.

Sin embargo, la autocalificación del intendente también expone una tensión de fondo: la necesidad de mostrar orden fiscal frente a una ciudadanía que percibe deterioro en servicios esenciales. El propio Passerini puso el foco en uno de los puntos más sensibles de su gestión, el transporte urbano, donde confirmó que tres empresas manifestaron interés en operar el Corredor 2. No obstante, desmintió versiones sobre adjudicaciones inminentes y buscó despejar suspicacias: “En abril evaluaremos las propuestas”, afirmó, en referencia a rumores que calificó como “anuncios medio esotéricos”.

En paralelo, defendió el esquema de subsidios vigente como una herramienta para amortiguar el impacto de los costos sobre los usuarios. “El 50% de los pasajeros tiene SUBE y paga el 45% del valor del boleto”, explicó, en un intento por justificar la intervención estatal en un sistema que continúa bajo presión financiera.

Otro de los frentes abiertos es el alumbrado público. En ese marco, el Concejo Deliberante aprobó un convenio entre el municipio y Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por $37.500 millones, con un plazo de 25 meses. El acuerdo contempla el recambio de luminarias LED —muchas al límite de su vida útil—, tareas de mantenimiento, prevención de riesgo eléctrico y la incorporación de tecnología de alumbrado inteligente con sistemas de medición.

La autocrítica de Passerini introduce un elemento poco frecuente en la política local, pero también deja abierta una incógnita: si el reconocimiento de las limitaciones de gestión se traducirá en cambios concretos o quedará como un gesto discursivo en medio de un escenario económico que sigue condicionando las decisiones estructurales del municipio.