Hay discusiones que incomodan porque obligan a salir del discurso fácil y entrar en el terreno de la coherencia. La propuesta de Rodrigo de Loredo sobre la edad jubilatoria de la Policía es una de ellas. Y la reacción del Gobierno provincial, lejos de aportar claridad, dejó más preguntas que respuestas.
Gobernador Martín Llaryora, ministro Juan Pablo Quinteros: si el propio sistema establece que un policía puede jubilarse en torno a los 44 años, ¿cómo se justifica sostener ese esquema como inamovible mientras se exige a la fuerza más presencia, más eficiencia y más resultados?
Pero la contradicción no termina ahí. Porque si la edad es un factor determinante para definir la capacidad operativa, entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué ese mismo criterio no se aplica puertas adentro del Gobierno? ¿Por qué no se revisan los cargos políticos bajo esa misma lógica?
El mensaje que se transmite es peligroso: reglas rígidas para algunos, flexibilidad absoluta para otros. En términos más simples, una vieja práctica de la política que sigue vigente: “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
La propuesta de De Loredo, más allá de que pueda ser debatida y perfeccionada, pone sobre la mesa un problema real: la falta de efectivos en la calle, los bajos salarios y un sistema previsional que, tal como está, no parece sostenible en el mediano plazo. Negarse siquiera a discutirlo no es una señal de fortaleza, es una muestra de cerrazón.
El argumento oficial —que la tarea policial es exigente y no puede extenderse hasta edades avanzadas— es atendible. Nadie plantea llevar el retiro a los 65 años. Pero entre ese extremo y el esquema actual hay margen para discutir alternativas razonables, como bien lo plantea la iniciativa de llevar el retiro a los 50 o 52 años.
Lo que resulta más preocupante es la forma en que se bajó la respuesta. No hubo debate institucional, no hubo intercambio en la Legislatura. Hubo un mensaje directo por frecuencia policial, con un tono más cercano a la orden que a la construcción de una política pública.
En paralelo, la realidad de la fuerza sigue siendo crítica: salarios bajos, equipamiento insuficiente y una conducción que no logra revertir la sensación de inseguridad. En ese contexto, cerrar el debate es, en los hechos, convalidar el problema.
Y aquí es donde el rol del ministro Quinteros queda en el centro de la escena. Porque sostener el statu quo no es una política de seguridad, es una forma de administrar la inercia. Y los resultados están a la vista.
La discusión de fondo es otra: ¿se gobierna para sostener estructuras o para resolver problemas?
De Loredo puso un tema incómodo sobre la mesa. El Gobierno eligió evitarlo. Pero evitar una discusión no la hace desaparecer. La posterga. Y en materia de seguridad, postergar decisiones suele tener costos concretos.
Si de verdad se busca mejorar la situación de la Policía, no alcanza con dar certezas hacia adentro de la fuerza. Hace falta abrir el debate, revisar lo que no funciona y, sobre todo, actuar con coherencia.
Porque cuando la política exige sacrificios que no está dispuesta a asumir, pierde autoridad. Y cuando pierde autoridad, pierde capacidad de conducción.
La seguridad no se resuelve con consignas. Se resuelve con decisiones. Y esas decisiones, tarde o temprano, hay que tomarlas.
Diario Mystica Cba 