La discusión sobre el régimen jubilatorio de la Policía de Córdoba se metió de lleno en la incipiente carrera electoral hacia 2027. Lo que comenzó como una propuesta técnica impulsada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo derivó en una respuesta política directa del gobernador Martín Llaryora, quien buscó cerrar el debate con un mensaje sin intermediarios hacia la propia fuerza.

De Loredo, que ya se posiciona en clave provincial, planteó la necesidad de revisar el actual esquema de retiro policial. Su iniciativa apunta a extender la edad jubilatoria con el objetivo de incrementar la cantidad de efectivos activos y, en paralelo, mejorar la situación salarial del sector.

“Como otras provincias están haciendo, si subís la edad de retiro vas a tener 4.000 policías más en la calle en cinco años”, sostuvo el diputado. En su diagnóstico, la medida también permitiría aliviar el déficit de la caja previsional y generar margen fiscal para una recomposición salarial. “Te va a permitir aumentar un 20% el salario de los policías, que están muy mal pagos, mal equipados y mal conducidos”, agregó.

Sin embargo, el propio dirigente radical introdujo un límite a su propuesta: descartó llevar la edad de retiro hasta los 65 años, al considerar que se trata de una actividad “estresante y expuesta”. En ese marco, propuso una actualización del régimen vigente, con retiros entre los 50 y 52 años, superando el esquema actual de 25 años de servicio.

El planteo no se quedó en lo técnico. De Loredo elevó el tono político al cuestionar la gestión provincial, al acusar a Martín Llaryora de falta de “coraje” para avanzar en mejoras salariales y de priorizar gastos en la estructura estatal. “Le pagan cinco millones a un director de una agencia”, disparó, en un intento de contrastar prioridades presupuestarias.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar, aunque evitó la confrontación directa en términos personales. A través de un mensaje emitido por frecuencia radial dirigido a los efectivos policiales, Llaryora buscó llevar tranquilidad y fijar una posición tajante.

“Es necesario llevar certeza sobre algunos temas que han salido en los comentarios. Quiero transmitirle con claridad que mientras tenga el honor de ser Gobernador no modificaré ninguna ley que altere las condiciones actuales en materia de edad del régimen de retiro jubilatorio”, afirmó.

La intervención del mandatario no fue casual: al dirigirse directamente a la fuerza, el gobernador evitó el terreno legislativo y político tradicional, y optó por un canal directo con uno de los sectores más sensibles del Estado provincial.

El episodio deja al descubierto dos estrategias. Por un lado, la de De Loredo, que busca instalar temas estructurales con impacto fiscal y operativo, apuntando a mostrar capacidad de gestión futura. Por otro, la de Llaryora, que prioriza la estabilidad interna de la fuerza y evita abrir frentes de conflicto en un área históricamente delicada.

En el fondo, la discusión excede la edad jubilatoria. Pone sobre la mesa el financiamiento del sistema previsional policial, la política salarial y el modelo de seguridad en la provincia. Pero, sobre todo, anticipa el tono de una campaña que empieza a tomar forma: con propuestas de reforma de alto impacto y respuestas que privilegian el control político del presente.