El debate sobre el régimen previsional de las fuerzas de seguridad volvió a escalar en Córdoba, esta vez con un cruce directo entre el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el diputado radical Rodrigo de Loredo. El funcionario provincial salió al cruce de la propuesta opositora de elevar la edad de retiro de los policías y la calificó como una “receta que ya fracasó”, al tiempo que advirtió que detrás de esa iniciativa existe un objetivo más amplio: extender la edad jubilatoria para el conjunto de la población.

Quinteros no solo rechazó el planteo en términos técnicos, sino que endureció el tono político. Señaló que se trata de una idea “vieja”, vinculada a modelos de seguridad del pasado, y cuestionó la legitimidad del diagnóstico opositor. En esa línea, apuntó contra De Loredo al insinuar que desconoce el funcionamiento real de las fuerzas policiales y lo acusó de recurrir a “aritmética creativa” para justificar su propuesta.

El eje del planteo del ministro se centró en desarmar uno de los argumentos más repetidos en el debate: la supuesta baja edad de retiro de los efectivos. Según precisó, los datos reales de la Caja de Jubilaciones ubican el promedio en torno a los 48,6 años, lejos de los 44 que se mencionan en algunas discusiones públicas. Para Quinteros, esa diferencia no es menor, ya que evidencia —según su interpretación— una simplificación del problema con fines políticos.

El funcionario también apeló a casos concretos para reforzar su postura. Mencionó el asesinato del policía Luis Azábal, quien tenía 56 años al momento de su muerte, y la situación crítica del comisario inspector Brandán, con casi 48 años y más de dos décadas de servicio. Ambos ejemplos buscan sostener la idea de que la actividad policial no puede equipararse con otros trabajos, debido al nivel de exposición, estrés y riesgo permanente.

En ese sentido, Quinteros insistió en que discutir la edad de retiro sin considerar las particularidades del servicio implica un enfoque “equivocado”. “No es un trabajo común”, remarcó, en alusión a la portación de armas y la exigencia operativa constante. Esta línea argumental se inscribe en una defensa más amplia del régimen diferencial para las fuerzas de seguridad, históricamente cuestionado en contextos de ajuste fiscal.

Más allá de la discusión técnica, el trasfondo del cruce revela una disputa política más amplia. El ministro sugirió que la propuesta de De Loredo responde a una lógica electoralista y a la necesidad de instalar agenda en un año de posicionamientos. También lo vinculó con sectores “advenedizos libertarios”, en una lectura que busca encuadrar la iniciativa dentro de un eventual programa de reformas estructurales.

El punto más sensible de la crítica oficial radica en la advertencia sobre una reforma previsional general. Según Quinteros, elevar la edad de retiro policial sería apenas la antesala de un cambio más profundo que afectaría a toda la sociedad: mujeres pasando de 60 a 65 años y hombres de 65 a 70. “Esa discusión se va a venir más temprano que tarde”, anticipó, marcando un posible eje de conflicto a futuro.

Finalmente, el ministro cuestionó la falta de antecedentes legislativos de De Loredo en la materia y puso en duda la consistencia de su propuesta. “Ahora se acuerda de cómo se soluciona un déficit”, ironizó, al tiempo que rechazó que la policía sea utilizada como “variable de ajuste”.

El intercambio deja expuesta una tensión que trasciende el caso puntual: cómo equilibrar la sostenibilidad del sistema previsional con las condiciones específicas de sectores como el de seguridad. En ese cruce, Córdoba vuelve a mostrar un anticipo de debates que, a nivel nacional, todavía no terminan de asumir forma concreta pero ya generan posicionamientos claros.