La Legislatura de Córdoba volvió a mostrar que, incluso en los marcos institucionales más simbólicos, la disputa política no se suspende: se reconfigura. La sesión especial por la Semana de la Memoria, convocada a 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, combinó gestos de consenso formal con un clima de creciente confrontación entre oficialismo y oposición, en un anticipo de los debates que empiezan a proyectarse hacia el escenario electoral de 2027.

El recinto unicameral había sido convocado bajo una agenda acordada, centrada en el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado y la reafirmación del compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, ese marco de unidad inicial convivió desde el inicio con tensiones latentes que terminaron por dominar la escena.

De la conmemoración al conflicto político

A medida que avanzó la sesión, el tono fue escalando. Las diferencias no se limitaron a la interpretación histórica del golpe, sino que rápidamente se desplazaron hacia el presente y la disputa por el sentido político de los derechos humanos.

El punto de inflexión llegó en el tramo final, cuando el legislador Gregorio Hernández Maqueda cuestionó lo que definió como una apropiación del peronismo sobre la agenda de derechos humanos. A partir de allí, los bloques opositores endurecieron sus posiciones y ampliaron las críticas hacia el gobierno provincial.

El legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, combinó una defensa explícita de la consigna de Memoria, Verdad y Justicia con cuestionamientos al kirchnerismo, al que acusó de haber “construido un relato” en torno a los derechos humanos. Pero el eje central de su intervención fue trasladar el debate al presente: sostuvo que en Córdoba existe una “deuda” en materia de derechos humanos básicos, vinculándolos con la educación, la salud, la seguridad y la situación de los jubilados.

En ese mismo registro, Nostrala respondió a cuestionamientos previos del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y defendió la trayectoria del Frente Cívico en políticas de memoria, reivindicando la gestión de Luis Juez.

Radicalismo y discurso electoral

El tono opositor encontró uno de sus puntos más altos en la intervención de la legisladora radical Alejandra Ferrero, alineada con el espacio de Rodrigo de Loredo. Ferrero contrastó la figura de Arturo Illia con el oficialismo cordobés, en un discurso que combinó crítica institucional con un mensaje de clara proyección electoral.

Cuestionó el manejo de recursos, denunció prácticas que calificó como autoritarias y cerró con una consigna explícita: “tener memoria para votar mejor”. La frase sintetizó el desplazamiento del eje conmemorativo hacia la disputa política.

La reacción del oficialismo no se hizo esperar. Desde la presidencia del cuerpo, la vicegobernadora Myrian Prunotto dejó trascender una breve pero significativa respuesta: “La involución”, dijo con el micrófono abierto, marcando el nivel de irritación en el bloque oficialista.

Un cierre con acusaciones y descalificaciones

El encargado de cerrar el debate fue el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres Lima, quien optó por postergar la referencia a la conmemoración histórica y concentrarse en responder a la oposición.

En un discurso de tono inusualmente duro, calificó a los legisladores opositores como “energúmenos y energúmenas” y vinculó sus intervenciones con intereses electorales. “Quieren ganar protagonismo para estar en alguna lista y terminan distorsionando el debate”, afirmó, explicitando la lectura oficialista de que la sesión fue utilizada como plataforma de posicionamiento político.

“Verdad completa” y el eje libertario

Otro de los focos de tensión giró en torno a la discusión por la llamada “verdad completa”, una consigna que volvió a aparecer en el recinto de la mano de sectores cercanos a Javier Milei.

Hernández Maqueda insistió en esa línea al cuestionar que el marco de la sesión omitiera a víctimas de la violencia política previa al golpe, aunque ratificó su repudio al terrorismo de Estado. En términos similares, el legislador Agustín Spaccesi rechazó la pertinencia de la sesión, acusando al kirchnerismo de utilizar la memoria como herramienta de poder, aunque tomó distancia explícita de la dictadura.

Desde el PRO, Oscar Agost Carreño adoptó una postura intermedia: reconoció la complejidad del contexto previo al golpe, pero subrayó que el terrorismo de Estado implicó un salto cualitativo en la violencia. No obstante, también advirtió sobre el riesgo de una “memoria incompleta”.

La respuesta del oficialismo y el cruce por la memoria histórica

El oficialismo respondió a estas posiciones a través del legislador Leonardo Limia, quien buscó reorientar el debate hacia el presente, con críticas directas al gobierno nacional. Sostuvo que la discusión no debía centrarse en el pasado sino en los derechos actuales que, según su visión, están en riesgo.

En paralelo, el radical Miguel Nicolás abrió otro frente de controversia al cuestionar un video institucional proyectado durante la sesión por omitir figuras clave de la historia política cordobesa como Eduardo Angeloz, Ramón Bautista Mestre y José Manuel de la Sota.

Una sesión que expuso más de lo que buscaba cerrar

La sesión especial pretendía ofrecer una señal institucional de consenso en torno a la memoria histórica. Sin embargo, terminó funcionando como una radiografía del clima político actual en Córdoba: fragmentación, discursos cada vez más duros y una creciente tendencia a trasladar cualquier agenda —incluso las más sensibles— al terreno de la disputa electoral.

En ese contexto, el debate por la memoria dejó de ser únicamente retrospectivo para convertirse en una herramienta de posicionamiento hacia el futuro. Y en ese movimiento, la Legislatura volvió a confirmar que el camino hacia 2027 ya empezó a jugarse, incluso en los espacios donde, en teoría, debería primar el acuerdo.