En medio de la discusión por el uso de los recursos públicos en Córdoba, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Matías Gvozdenovich, presentó un proyecto de ley que impulsa el cierre de los Centros Cívicos y delegaciones del Gobierno provincial en el interior, con el objetivo de reducir el gasto estatal y redirigir fondos hacia el sistema educativo.

La iniciativa propone la caducidad de estos espacios en ciudades clave como Río Cuarto, Villa María, San Francisco o Cruz del Eje, entre otras, bajo el argumento de que han quedado funcionalmente superados por la digitalización de los servicios públicos. Según el proyecto, la totalidad de los trámites que allí se realizaban ya pueden gestionarse a través de Ciudadano Digital (CIDI), lo que vuelve innecesaria —según el planteo opositor— la estructura presencial.

Costo fiscal y crítica al modelo de gestión

El eje más contundente de la propuesta es el económico. Gvozdenovich sostiene que el mantenimiento de los Centros Cívicos y delegaciones implica un gasto cercano a los 2.000 millones de pesos anuales, recursos que —afirma— hoy se destinan a estructuras sin utilidad real.

En los fundamentos del proyecto, el legislador radical va más allá de la discusión técnica y cuestiona el modelo de gestión provincial. Señala la existencia de organismos “ociosos” y advierte que estas estructuras terminan funcionando como espacios de gasto político antes que como herramientas efectivas de atención ciudadana, en una crítica directa a la administración peronista que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas.

Educación como destino de los fondos

El proyecto no solo plantea el cierre de estos programas, sino que define un destino concreto para los recursos liberados. La iniciativa establece que las partidas presupuestarias, junto con los bienes asociados a los Centros Cívicos, sean transferidas al Ministerio de Educación.

El objetivo es reforzar el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo (Ley 9870) y avanzar en una mejora salarial para los docentes. Este punto conecta con uno de los reclamos estructurales en la provincia: el incumplimiento histórico del piso del 35% del presupuesto destinado a educación, una demanda que la oposición viene señalando de manera recurrente.

Digitalización como eje de eficiencia estatal

El planteo de la Unión Cívica Radical se apoya en una tendencia que ya atraviesa a gran parte de la administración pública: la digitalización de servicios. En ese marco, la propuesta de Matías Gvozdenovich busca alinear al Estado provincial con un modelo más ágil, donde herramientas como Ciudadano Digital (CIDI) permiten resolver trámites de manera remota, sin intermediaciones ni estructuras costosas.

Desde esta perspectiva, el cierre de los Centros Cívicos no aparece como un retiro del Estado, sino como una actualización de su funcionamiento. La eliminación de estas dependencias físicas apunta a reducir gastos operativos innecesarios y a concentrar los recursos en áreas críticas, como la educación, donde —según el proyecto— existe un déficit sostenido de financiamiento.

Además, el argumento oficial del radicalismo refuerza la idea de equidad en el acceso: un sistema digital bien implementado permite llegar de manera simultánea a todo el territorio, sin depender de la ubicación geográfica ni de la cercanía a oficinas públicas. En ese sentido, la iniciativa plantea una redefinición del rol estatal, priorizando eficiencia, alcance y reducción del gasto político por sobre la lógica tradicional de presencia física.

Un proyecto con impacto político

Más allá de su viabilidad legislativa, el proyecto introduce una discusión sensible en un contexto de restricciones presupuestarias y conflicto con sectores estatales, particularmente el educativo. La propuesta radical busca capitalizar ese escenario con una medida concreta de reasignación de recursos, aunque su avance dependerá del margen político para sostener un recorte de este tipo.

En definitiva, la iniciativa de Gvozdenovich pone en tensión dos modelos de gestión: uno que prioriza la reducción de estructuras físicas en nombre de la eficiencia y la modernización, y otro que sostiene la necesidad de mantener presencia estatal en el territorio. El desenlace de ese debate no solo será presupuestario, sino también político.