La negociación salarial entre la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Gobierno de Córdoba ingresó en una fase decisiva. La tercera propuesta elevada desde el Centro Cívico introduce mejoras sensibles respecto de los ofrecimientos anteriores y abre una ventana de resolución a un conflicto que ya amenaza con extenderse al resto del sector público.

La oferta fue formalizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de David Consalvi, y en el oficialismo provincial prevalece la expectativa de que esta vez alcance para desactivar la disputa. Del lado gremial, en tanto, se activaron los mecanismos de consulta interna, aunque el clima aparece menos confrontativo que en instancias previas.

Un esquema con impacto inmediato

El eje de la propuesta combina un incentivo inicial con una actualización atada a la inflación. Para el primer bimestre —febrero y marzo— se plantea un incremento promedio del 10,3%, que, descontada la inflación registrada (2,9% en febrero) y la proyectada para marzo, implicaría una mejora real cercana al 5,3%.

Ese diferencial positivo es uno de los puntos centrales del ofrecimiento: el Gobierno busca mostrar una recuperación salarial concreta en el arranque del acuerdo, luego de meses de deterioro del poder adquisitivo.

El esquema incluye además sumas fijas por cargo —50.000 pesos para febrero y 22.500 para marzo— que funcionan como un “shock” de ingresos en el corto plazo. A esto se suma una recomposición del FONID que, de concretarse, alcanzaría un incremento acumulado del 92%, prácticamente duplicando su valor actual.

En términos prácticos, la aceptación del acuerdo implicaría el cobro de retroactivos que podrían llegar hasta los 313.000 pesos por docente a través de planillas complementarias en abril. Un dato que no pasa desapercibido en un sector fuertemente afectado por el endeudamiento y la mora, particularmente con el Banco de Córdoba.

Cláusulas clave y señales políticas

Para el resto del período —hasta enero de 2027— la propuesta establece aumentos mensuales automáticos, remunerativos y acumulativos, equivalentes a la variación del IPC del mes previo. A diferencia de versiones anteriores, estos ajustes quedan desvinculados de la recaudación provincial.

Este punto no es menor: con ocho meses consecutivos de caída en los ingresos provinciales, el Ejecutivo cede un margen de maniobra fiscal a cambio de previsibilidad salarial, en una señal dirigida no sólo a los docentes sino al conjunto de los estatales.

El paquete incorpora además una cláusula de revisión en septiembre y otra de “igual tratamiento”, que permitiría a los docentes acceder a mejoras si otro gremio estatal lograra un acuerdo superior. Aunque, en la práctica, esta última condición aparece de difícil aplicación en un escenario de ajuste de recursos.

Entre otros puntos, se contempla la eliminación del tope del complemento remunerativo, la suspensión del FOSAET y la continuidad de la suspensión del artículo 3 vinculado a la profesionalidad docente.

Jubilaciones y diferimientos

Otro de los reclamos atendidos refiere al esquema previsional. La propuesta incluye una actualización de las bandas que determinan los aportes extraordinarios de los activos, en línea con los aumentos salariales.

En cuanto al diferimiento para jubilados, el umbral se elevaría a 1.650.000 pesos, lo que dejaría fuera del mecanismo al 80% de los beneficiarios. Se trata de un gesto orientado a descomprimir uno de los focos más sensibles del conflicto previsional provincial.

Lo que no está: descuentos por paro

El Gobierno, sin embargo, evitó incorporar un compromiso explícito de no descontar los días de paro en caso de aceptación. Este punto había sido impulsado por sectores opositores dentro del gremio en instancias anteriores, pero no logró consolidarse como condición en la última votación interna.

La omisión no es menor: deja abierta una fuente de tensión en la discusión final y podría influir en el posicionamiento de las bases, especialmente en los departamentos más conflictivos.

Un calendario decisivo

La UEPC ya puso en marcha su cronograma de definición:

• Asambleas informativas por departamento
• Asambleas escolares con carácter resolutivo
• Plenarios de delegados departamentales
• Asamblea Provincial final, donde se aceptará o rechazará la oferta

La resolución llegará en un contexto de creciente articulación gremial. Para las próximas horas está prevista una movilización en la capital provincial impulsada por la UEPC y acompañada por la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que nuclea a sectores del sistema sanitario enfrentados con el SEP.

Más que una paritaria docente

El trasfondo excede claramente al sector educativo. El Gobierno busca evitar un efecto contagio hacia otros sindicatos estatales en un escenario de recursos en retracción y creciente malestar social.

La nueva oferta aparece, en ese sentido, como un intento de contener un frente gremial en formación que podría complicar la gobernabilidad si logra coordinar demandas y medidas de fuerza.

La definición de la UEPC no sólo resolverá el conflicto docente: también marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo provincial y el conjunto del sector público en los próximos meses.