La primera reunión del año del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en Córdoba dejó más definiciones políticas que formales. Bajo la conducción de Marcos Ferrer, el oficialismo partidario avanzó en un doble objetivo: desactivar presiones internas que amenazaban con escalar a la Justicia y reafirmar el control del proceso institucional en el inicio de un año clave.

Aunque el temario fue presentado como acotado y en línea con las obligaciones de la Carta Orgánica —que establece reuniones mensuales—, el encuentro funcionó como una señal política hacia adentro del radicalismo. Sin anuncios de peso hacia afuera, la dirigencia aprovechó para ordenar el escenario interno, marcar límites a la oposición y enviar un mensaje claro: no habrá atajos ni definiciones forzadas.

Uno de los puntos más sensibles fue el pedido de expulsión del intendente de Tanti, Emiliano Paredes. Según expresaron desde el Comité, el jefe comunal “integró una lista de diputados abiertamente enfrentada al partido”, en referencia a su participación en el armado que encabezó Juan Schiaretti. Paredes es uno de los dirigentes radicales que decidió romper con la orgánica partidaria y alinearse con el oficialismo provincial, un movimiento que sigue generando ruido interno.

El planteo fue elevado al Tribunal de Conducta, el órgano autónomo encargado de evaluar sanciones dentro del partido. No es un dato menor: se trata del mismo ámbito que en su momento avanzó con la expulsión de la vicegobernadora Myriam Prunotto. Sin embargo, desde el radicalismo remarcan que el Comité no tiene injerencia directa sobre esas decisiones, por lo que la movida debe leerse más como una señal política que como una resolución inminente.

En paralelo, la conducción de Ferrer buscó cerrar filas frente a los sectores que venían evaluando judicializar la interna para acelerar una definición electoral. El mensaje fue explícito: los plazos están cumplidos, “no hay mora” y cualquier discusión debe canalizarse dentro de las reglas partidarias. En otras palabras, un intento por bloquear la presión externa y sostener el control del calendario.

La interna, de hecho, fue el gran tema ausente en la discusión formal. Desde el oficialismo evitaron abrir ese frente y se limitaron a insistir en que los procesos están en curso y deben respetar los mecanismos institucionales. Una postura que, en la práctica, busca enfriar los reclamos de sectores que exigen definiciones más rápidas.

Más allá de lo institucional, el encuentro también incluyó un análisis sobre la situación económica de la Seccional Primera, un punto que genera preocupación por su impacto en la estructura territorial del partido. Aunque quedó en segundo plano frente a la tensión política, refleja las dificultades operativas que atraviesa el radicalismo en la capital.

Lo que en la previa parecía una reunión de trámite terminó funcionando como una jugada de contención. Ferrer logró, al menos por ahora, evitar que la disputa interna escale a los tribunales y reafirmar el control del proceso partidario. Del otro lado, la oposición mantiene la vigilancia y no descarta nuevos movimientos si percibe dilaciones.

El radicalismo cordobés inicia así su año político con una calma administrada: sin resolver sus tensiones de fondo, pero con un oficialismo que, por el momento, logra imponer condiciones y ganar tiempo.