A 50 años del último golpe de Estado, la masiva movilización en Córdoba no sólo volvió a poner en primer plano la agenda de derechos humanos, sino que dejó al descubierto una disputa política cada vez más explícita entre el gobernador Martín Llaryora y el senador Luis Juez, atravesada por el posicionamiento frente al gobierno nacional y el sentido de la memoria histórica.

La marcha, que reunió a más de 200 mil personas desde Colón y Cañada hasta Tribunales Federales, funcionó como telón de fondo de un escenario donde la política provincial buscó marcar diferencias. Mientras la calle expresaba un rechazo contundente a los discursos negacionistas, el oficialismo cordobés aprovechó la fecha para reforzar su distancia con la Casa Rosada.

Llaryora toma distancia y ordena el mensaje

El gobernador Llaryora eligió no participar de la movilización, pero sí fijar postura. A través de un mensaje público, vinculó la memoria del terrorismo de Estado con la necesidad de sostener una “democracia justa” y un “Estado presente”, en una línea discursiva que lo ubica en las antípodas del presidente Javier Milei.

El gesto no fue aislado. En paralelo, la Provincia volvió a destacar su política de acompañamiento a las tareas de identificación de desaparecidos en La Perla, con financiamiento al Equipo Argentino de Antropología Forense, y reivindicó la continuidad de los espacios de memoria creados durante la gestión de Juan Schiaretti.

La estrategia es clara: consolidar un perfil propio dentro del peronismo cordobés, con anclaje en políticas de derechos humanos, pero sin romper formalmente con el esquema de gobernabilidad nacional.

Juez, entre el homenaje local y la tensión nacional

Del otro lado, Luis Juez optó por un camino distinto. Tampoco participó de la movilización central, pero encabezó un acto en el Cementerio San Vicente, donde reivindicó su rol como intendente al habilitar las primeras excavaciones del Equipo de Antropología Forense en ese predio.

El gesto, sin embargo, quedó atravesado por una tensión difícil de eludir: su alineamiento político con Milei, cuyo gobierno fue señalado por organismos de derechos humanos por promover discursos que relativizan el terrorismo de Estado.

Esa contradicción fue explotada por el oficialismo provincial. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ex aliado de Juez, lo planteó sin rodeos: cuestionó que se reivindique la memoria a nivel local mientras se integra un espacio nacional que la pone en discusión. “No se puede estar en todos lados al mismo tiempo”, disparó.

Una disputa que excede la fecha

La jornada dejó en evidencia que el 24 de marzo, lejos de ser un terreno de consenso pleno, se ha convertido nuevamente en un espacio de disputa política. En Córdoba, esa tensión tiene nombres propios.

Llaryora busca consolidar una identidad política que combine gestión, distancia del gobierno nacional y apropiación de la agenda de derechos humanos. Juez, en cambio, intenta sostener su histórica vinculación con esa agenda sin romper con su actual posicionamiento nacional.

En ese equilibrio inestable, la memoria deja de ser sólo un ejercicio del pasado para transformarse en una herramienta de construcción política en el presente. Y en ese terreno, la confrontación entre ambos espacios recién empieza.