Las palabras de Ricardo Lorenzetti no deberían pasar desapercibidas. No son declaraciones al pasar ni forman parte del ruido habitual de la coyuntura. Cuando un juez de la Corte Suprema advierte sobre un “retroceso muy importante en la independencia judicial” y una “politización cada vez mayor”, lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica: es la salud institucional del país.

Y en ese contexto, no deja de llamar la atención el escenario elegido para expresar esa preocupación. Córdoba.

No es casual. O al menos, cuesta creer que lo sea.

Gobernador Martín Llaryora: sería un error minimizar este mensaje o interpretarlo como una reflexión abstracta. Lo que plantea Lorenzetti interpela directamente a las provincias, y especialmente a aquellas donde el equilibrio entre poderes empieza a mostrar signos de desgaste.

Desde hace tiempo venimos observando señales que van en esa dirección. No se trata de afirmaciones grandilocuentes, sino de hechos concretos: dificultades en el acceso a la información pública, falta de tratamiento de proyectos vinculados a la transparencia, concentración de decisiones y una creciente opacidad en áreas sensibles del Estado.

Cuando el Poder Ejecutivo avanza sin controles efectivos y el Poder Legislativo pierde capacidad de discusión real, el siguiente eslabón en tensión es, inevitablemente, el Poder Judicial.

La advertencia de Lorenzetti es clara: la politización de la Justicia no es un fenómeno aislado, es un proceso. Y como todo proceso, se construye gradualmente. Empieza con pequeñas concesiones, con silencios, con omisiones. Hasta que un día, lo excepcional se vuelve regla.

Más preocupante aún es que desde la propia Corte Suprema se esté anticipando la necesidad de intervenir o tomar medidas para frenar esta tendencia. No es habitual. Y cuando ocurre, es porque el problema ya ha escalado.

Pero hay otro punto que no se puede soslayar. Lorenzetti también habla de incertidumbre, de falta de reglas claras, de una sociedad donde “el argentino no tiene seguridad de nada”. Esa definición no es solo económica o social: es profundamente institucional. Sin reglas previsibles, sin justicia independiente, no hay desarrollo posible.

En Córdoba, este debate debería ser central. No alcanza con administrar, no alcanza con mostrar gestión. La calidad institucional es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás.

Por eso la pregunta no es menor: ¿estamos fortaleciendo la independencia de la Justicia o estamos contribuyendo a su desgaste?

Ojalá el gobernador escuche el mensaje. No como una crítica externa, sino como una advertencia a tiempo. Porque cuando la política avanza sobre la Justicia, no hay sector que quede a salvo. Y cuando la Justicia pierde independencia, los ciudadanos pierden garantías.

No es un debate jurídico. Es una discusión sobre el poder. Y, sobre todo, sobre sus límites.