Gobernador Martín Llaryora: en Córdoba no estamos discutiendo una cuestión menor ni un tecnicismo administrativo. Estamos frente a un problema estructural que afecta de lleno la calidad institucional de la provincia: el incumplimiento sistemático de las leyes de acceso a la información pública.

Desde el bloque de la UCR en la Legislatura hemos expresado formalmente nuestra máxima preocupación por una práctica que ya no puede ser interpretada como una excepción. Se ha transformado en regla. El Gobierno provincial incumple de manera reiterada las Leyes 8803 —que garantiza el derecho al acceso al conocimiento de los actos del Estado— y 10835, que establece principios básicos de transparencia en la administración financiera del sector público.

No es una interpretación política: es un hecho verificable. Ambas normas son claras. Todo ciudadano tiene derecho a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. No es una concesión del poder de turno, es una obligación legal. Sin embargo, en la práctica, ese derecho es vulnerado de manera constante.

Lo que observamos no es solo falta de respuesta. Es algo más sofisticado y preocupante: la construcción de obstáculos. Trámites que se dilatan, plataformas digitales poco accesibles, circuitos burocráticos innecesarios. Un entramado que, lejos de facilitar el acceso, parece diseñado para desalentar cualquier intento de control ciudadano.

Este mecanismo tiene consecuencias concretas. Hoy, en Córdoba, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanos particulares se ven obligados a recurrir a la Justicia para obtener información básica sobre el uso de los recursos públicos. Es decir, lo que debería ser automático y transparente termina judicializado por decisión política.

La pregunta es inevitable: ¿qué se intenta ocultar?

Porque cuando el acceso a la información se restringe, lo que se debilita no es a la oposición, sino a la democracia misma. Sin datos públicos no hay control social. Sin control, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, el uso de los recursos queda librado a la discrecionalidad.

En este contexto, resulta aún más preocupante el silencio institucional dentro de la propia Legislatura. Los proyectos vinculados a transparencia pública que hemos presentado desde nuestro bloque ni siquiera son tratados. No hay debate, no hay avance, no hay voluntad política de corregir una situación que erosiona la confianza pública.

No estamos frente a un problema nuevo. Como hemos señalado en los fundamentos del proyecto, se trata de una conducta que se ha sostenido a lo largo de años de gestión. Pero que algo sea persistente no lo vuelve aceptable. Lo vuelve más grave.

Gobernador, la transparencia no puede ser un eslogan. Debe ser una práctica concreta, cotidiana y verificable.

Cumplir con la ley no es optativo. Garantizar el acceso a la información pública no es una carga, es la base de cualquier sistema democrático que aspire a la legitimidad.

Córdoba necesita abrir sus datos, simplificar sus sistemas y dejar de poner barreras donde la ley exige claridad. Porque en definitiva, los recursos no son del Gobierno: son de los cordobeses. Y los cordobeses tienen derecho a saber, sin obstáculos ni excusas, cómo se administran.