El gobernador Martín Llaryora enfrenta un escenario político que, lejos de ordenarse tras su llegada al poder, se muestra cada vez más dinámico, fragmentado y con múltiples focos de tensión interna. El armado que lo llevó a la gobernación y que luego replicó en la campaña legislativa de 2025 fue amplio, ambicioso y, en términos electorales, efectivo. Pero ese mismo esquema hoy empieza a mostrar sus límites.

Durante su construcción política, Llaryora apostó a ampliar la base de sustentación de Hacemos por Córdoba incorporando a sectores del radicalismo, a quienes otorgó lugares relevantes dentro del esquema de poder. Esa apertura le permitió consolidar volumen electoral, pero también introdujo nuevos actores con expectativas concretas de participación y protagonismo en la toma de decisiones.

En paralelo, la gestión y el proceso electoral expusieron una complejidad adicional: la necesidad de negociar con frentes internos que no habían tenido la misma intensidad durante los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. La irrupción de sectores vinculados al delasotismo, con una estrategia de reconstrucción propia, comienza a tensionar la histórica cohesión del peronismo cordobés. A eso se suma el movimiento constante de dirigentes referenciados en la anterior gestión, que buscan reconfigurar espacios de poder y obligan a un ejercicio permanente de equilibrio político.

El resultado es una coalición gobernante que ya no opera bajo la lógica verticalista que caracterizó a etapas anteriores, sino que se expresa como un entramado en disputa, con debates abiertos y una puja constante por posicionamientos. En ese contexto emergen liderazgos territoriales en toda la provincia que reclaman visibilidad, candidaturas y reconocimiento, configurando un tablero político saturado.

La consecuencia directa de este escenario es un problema clásico, pero no por eso menor: hay más aspirantes que espacios disponibles. Y, en una provincia donde cada elección se define por márgenes ajustados, el costo de dejar heridos en el camino puede ser determinante. En el oficialismo lo saben: de cara a 2027, no sobra ningún voto.

A medida que se acercan los plazos electorales, la tensión interna se profundiza. Las demandas crecen, los posicionamientos se endurecen y la necesidad de evitar fracturas se vuelve una prioridad estratégica. Sin embargo, las herramientas utilizadas hasta ahora para contener esa diversidad han tenido resultados parciales. Cada vez son más los dirigentes —de distintos sectores— que no están dispuestos a ceder espacios y comienzan a plantear sus aspiraciones con mayor firmeza.

El desafío para Llaryora es doble. Por un lado, ordenar una interna que ya no puede postergarse indefinidamente. Por otro, sostener la competitividad electoral de un espacio que, si bien sigue siendo dominante en Córdoba, muestra señales de desgaste en su cohesión interna.

El panorama, por ahora, ofrece más interrogantes que certezas. La construcción de una síntesis política que contenga a todos los sectores aparece como una tarea compleja en un contexto donde sobran candidatos, tanto en el interior provincial como en el propio Centro Cívico. La incógnita central es si el oficialismo logrará administrar esa tensión sin que se traduzca en rupturas o pérdidas electorales.

Porque, en definitiva, el mayor riesgo para el peronismo cordobés no parece estar hoy en la oposición, sino en su propia interna.