El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, oficializó una batería de medidas orientadas a reducir el gasto del Concejo Deliberante de Córdoba, con un ahorro proyectado de $650 millones para lo que resta del año. La decisión se inscribe en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el intendente Daniel Passerini, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar un mensaje de austeridad tras años de déficit estructural.

El núcleo del ajuste apunta a la estructura política del propio Concejo. Según detalló Pretto, se avanzará en la reducción de cargos jerárquicos sin afectar —al menos en lo discursivo— el funcionamiento del cuerpo. En concreto, la Secretaría de Coordinación General será degradada a Dirección, mientras que la Dirección General de Asuntos Jurídicos también perderá rango. A esto se suma la decisión de dejar vacantes otras tres direcciones del organigrama.

El rediseño dejará únicamente tres secretarías en pie: Legislativa, de Administración y de Comisiones. En términos formales, el planteo apunta a “hacer lo mismo con menos”, aunque resta observar si la reducción de estructura impactará en la capacidad operativa o si, como suele ocurrir en estos procesos, se compensa con mayor concentración de funciones y poder.

“El objetivo es la eficiencia”, sostuvo Pretto, quien vinculó la medida con la meta de déficit cero para 2026. El viceintendente remarcó que la Municipalidad arrastra 19 años de desequilibrio fiscal y que el ajuste requiere un esfuerzo transversal dentro del Estado. En ese marco, no descartó profundizar el recorte: la aspiración oficial es alcanzar un ahorro cercano a los $1.000 millones.

Las medidas también incluyen una continuidad en la reducción de contratos, tanto en el plano político —becarios y monotributistas— como en servicios tercerizados, particularmente limpieza y seguridad. Este punto abre un interrogante sobre el impacto real del ajuste fuera del organigrama formal, donde históricamente se concentra una porción significativa del gasto menos visible.

En paralelo, Pretto buscó equilibrar el mensaje fiscal con señales hacia el sector privado. Ratificó la voluntad del oficialismo de promover inversiones y empleo registrado, en línea con una ordenanza recientemente aprobada por el Concejo que establece incentivos impositivos para sectores estratégicos como industria, turismo, salud e informática.

El viceintendente destacó además el desarrollo del cluster tecnológico local, al que definió como “modelo” a nivel nacional y regional, en una narrativa que busca posicionar a Córdoba como polo exportador de conocimiento. Sin embargo, ese impulso convive con un escenario económico más amplio donde la inversión privada sigue condicionada por variables macroeconómicas que exceden la órbita municipal.

Otro eje que Pretto intentó instalar es el de la participación juvenil. Señaló que más de 200 jóvenes ya integran el programa “Red Global Juvenil”, impulsado desde el Concejo, al que ahora se le suman pasantías en empresas e industrias. La iniciativa apunta a formar liderazgos y vincular a jóvenes cordobeses con pares de otras jurisdicciones y países.

“Es una obsesión”, afirmó el viceintendente, al referirse al rol de las nuevas generaciones, e incluso deslizó una aspiración política de fondo: avanzar hacia “un gobierno de jóvenes”.

Más allá de la narrativa oficial, el paquete de medidas abre un doble plano de análisis. Por un lado, la necesidad concreta de ordenar las cuentas públicas en un municipio con antecedentes de déficit. Por otro, la discusión sobre la profundidad real del ajuste y su alcance: si se trata de una reingeniería administrativa con impacto estructural o de una señal política de disciplina fiscal en un año donde el oficialismo busca recomponer credibilidad.