Gobernador Martín Llaryora: la salud es un derecho, no un privilegio. Lo repito no como consigna vacía, sino como principio básico de gestión pública. Y justamente por eso, la política sanitaria que hoy lleva adelante su administración deja mucho que desear.

No se trata de una crítica aislada ni de una mirada partidaria. Es un diagnóstico que se repite, se acumula y se agrava, especialmente en el interior provincial. El sistema de salud funciona al límite, sostenido casi exclusivamente por los municipios y por el compromiso de los trabajadores.

La pregunta es directa y no admite más dilaciones: ¿qué se está haciendo realmente para mejorar el sistema?

Hoy los intendentes están desbordados. Administran recursos escasos, atienden demandas crecientes y, además, deben hacerse cargo de una salud que es responsabilidad primaria de la Provincia. Esta transferencia silenciosa de funciones no solo es injusta, sino también peligrosa. Porque distorsiona el sistema y genera inequidades cada vez más profundas entre quienes viven en la capital y quienes dependen del interior.

En paralelo, la situación del recurso humano es crítica. Los médicos cobran sueldos de indigencia. No es una exageración ni una figura retórica: es la realidad cotidiana de quienes sostienen el sistema. Trabajan el doble, en condiciones muchas veces precarias, y aun así garantizan que la atención no colapse. Pero ningún sistema puede depender indefinidamente del sacrificio individual.

En los hospitales, la situación es igual de preocupante. Conseguir un turno se ha vuelto una odisea. Las demoras son estructurales, no excepcionales. Faltan insumos, el equipamiento no se renueva y la infraestructura muestra signos evidentes de deterioro. Esto no es nuevo, pero se ha naturalizado a un nivel alarmante.

A esto se suma un problema de financiamiento que sigue sin resolverse. Las demoras en los pagos vinculados a APROSS y la falta de actualización de fondos clave impactan directamente en la capacidad operativa del sistema. Mientras tanto, los municipios siguen absorbiendo costos que no les corresponden, sin respaldo ni previsibilidad.

El resultado es un esquema que no funciona por diseño, sino por inercia. Un sistema que se sostiene porque hay médicos, enfermeros y trabajadores que ponen el cuerpo todos los días. Pero eso no alcanza. No puede alcanzar.

Gobernador, basta. Con la salud no se juega.

La Provincia no puede seguir corriéndose de sus responsabilidades mientras centraliza los recursos y descentraliza los problemas. No puede mirar hacia otro lado mientras el interior sostiene lo que debería ser una política pública integral.

Estamos frente a un punto crítico. O se toman decisiones de fondo para recomponer el sistema, o el deterioro va a seguir avanzando hasta volverse irreversible. Y cuando eso pase, ya no habrá margen para discursos: habrá consecuencias directas sobre la vida de los cordobeses.

La salud no puede esperar. Y la responsabilidad es indelegable.