El senador nacional Luis Juez formalizó una denuncia penal contra el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, en el marco de un contrato de alquiler de colectivos suscripto por la empresa municipal de transporte. La presentación, acompañada por concejales del espacio juecista, pone el foco en supuestos sobreprecios y en el estado de las unidades contratadas, en una operatoria que —según se plantea— habría generado un fuerte perjuicio para las arcas públicas.

El eje de la denuncia es el acuerdo firmado el 1 de marzo de 2024 entre la empresa estatal Tamse (actualmente Tamsau) y la firma privada Ersa Urbano SA para el alquiler de 350 colectivos destinados al servicio urbano. En representación de la empresa municipal intervinieron su presidente, Eduardo Ramírez Rujinsky, y su director, Julio César Secondi, mientras que la compañía contratista actuó a través de su apoderado, Roberto Germán Silvero. El municipio, encabezado por Passerini, se constituyó como garante de las obligaciones asumidas.

De acuerdo con la presentación judicial, el contrato estableció un canon mensual de 720 millones de pesos más IVA —equivalente a 871,2 millones— con actualización trimestral atada al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Este punto es central en la denuncia: Juez sostiene que el monto fijado se ubicaba muy por encima de los valores de mercado vigentes al momento de la firma.

Según los cálculos aportados, el costo promedio de alquiler por unidad rondaba los 800 mil pesos mensuales, mientras que Tamse habría abonado cerca de 2,49 millones por colectivo. La diferencia implicaría un sobreprecio significativo que, proyectado, arrojaría un perjuicio mensual cercano a los 591 millones de pesos. En términos anuales, la cifra superaría los 7.000 millones de pesos.

La denuncia encuadra estos hechos en una posible defraudación a la administración pública, bajo la hipótesis de un esquema diseñado para favorecer a la empresa contratista en detrimento del patrimonio municipal.

Otro de los puntos críticos señalados refiere al estado de la flota. Según el planteo de Juez, de las 350 unidades alquiladas solo unas 200 habrían estado en condiciones de operar, lo que agravaría el presunto perjuicio económico. El resto, según se indica, presentaba fallas o directamente no prestaba servicio, configurando —según la acusación— un contrato doblemente desfavorable para el municipio: por el costo y por la baja operatividad.

La presentación también extiende responsabilidades a los directivos de la empresa municipal y al propio intendente Passerini, en su carácter de garante del acuerdo. Según el denunciante, esta intervención habría sido determinante para viabilizar el contrato, pese a las limitaciones económicas de la empresa estatal.

Como respaldo, la denuncia incorpora copia del contrato, registros de funcionamiento de las unidades, informes técnicos y documentación sobre los pagos realizados. Además, solicita la intervención de organismos de control, como el Tribunal de Cuentas municipal, y la realización de inspecciones para verificar el estado actual de los vehículos, muchos de los cuales —siempre según la presentación— habrían quedado fuera de servicio.

El caso reabre interrogantes sobre la gestión del transporte urbano en Córdoba, un sistema que en los últimos años ha atravesado cambios de operadores y rescisión de contratos. La salida de Ersa Urbano SA del esquema local y su reemplazo parcial por FAM —cuya prestación también fue rescindida recientemente— configuran un contexto de inestabilidad que ahora suma un frente judicial con potencial impacto político.

Por el momento, desde el Ejecutivo municipal no hubo una respuesta oficial detallada sobre la denuncia. El avance de la causa y la eventual intervención de organismos de control serán claves para determinar si se trató de una decisión administrativa cuestionable o de un esquema con responsabilidades penales.