El asesinato del suboficial de la Policía de Córdoba Luis “Bicho” Azábal (56) en barrio Villa Belgrano abrió un nuevo foco de tensión entre el Poder Ejecutivo provincial y el sistema judicial. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuestionó con dureza la decisión del fiscal Víctor Chiapero de liberar al principal involucrado en el hecho y modificar la calificación legal de la causa a “exceso de legítima defensa”.

El episodio ocurrió el jueves por la noche, cuando el suboficial Luis Azábal fue asesinado tras un robo en su vivienda. El hombre señalado como autor del disparo, Paolo Zambelli, fue imputado inicialmente por homicidio calificado con uso de arma, pero recuperó la libertad al día siguiente luego de que la fiscalía reconsiderara el encuadre del caso.

La rapidez con la que se produjo ese cambio encendió cuestionamientos desde el Ministerio de Seguridad.

Dudas sobre la decisión judicial

Durante una entrevista, Quinteros manifestó sorpresa por la velocidad del proceso y planteó interrogantes sobre los elementos que sustentaron la resolución.

“Nos llamó la atención que antes de que el cuerpo de Azábal fuera entregado a su familia ya supiéramos de la decisión del fiscal de cambiar la carátula y liberar a la persona que había sido imputada por homicidio calificado con uso de armas”, sostuvo el ministro.

En esa línea, el funcionario puso en duda que en tan corto plazo se hubieran podido reunir o evaluar pruebas suficientes como para justificar el cambio de criterio judicial.

“La pregunta que me hago es en tres horas qué pruebas se pueden evaluar y qué fue lo que llevó a tomar esta decisión”, expresó.

“Parece haber una doble vara”

Quinteros también enmarcó el episodio en un clima social más amplio vinculado a la percepción de la seguridad y el funcionamiento del sistema penal.

Según el ministro, el caso refleja un malestar que, asegura, se percibe tanto en la ciudadanía como dentro de la propia fuerza policial.

“Tengo absolutamente claro que existe una doble vara. El que las hace las paga y nos encanta repetir esa premisa, pero parece que todo depende de quién las hace para ver cómo las paga”, afirmó.

El titular de Seguridad advirtió además que resoluciones de este tipo pueden impactar directamente en el ánimo de los efectivos que trabajan en la calle.

“Esto refleja un sentir de la sociedad y también de la Policía. Puede generar zozobra hacia abajo si no se da seguridad jurídica para proceder”, señaló.

La mirada sobre el tratamiento judicial a policías

En el tramo final de sus declaraciones, Quinteros trazó una comparación entre el tratamiento judicial que reciben los civiles y los miembros de las fuerzas de seguridad cuando se ven involucrados en hechos violentos.

“Cuando un policía comete un error parece regir el principio de culpabilidad. En cambio, para el resto rige el principio de inocencia”, concluyó.

El caso, que combina un crimen de alto impacto con una decisión judicial controvertida, vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre la presunción de inocencia, la legítima defensa y el rol de las fuerzas de seguridad. Mientras la investigación continúa, el episodio ya dejó al descubierto un nuevo capítulo de fricción entre la política de seguridad provincial y las decisiones del Poder Judicial.