La economía cordobesa comenzó el 2026 con una señal de alarma difícil de ignorar. La caída de la actividad impactó de lleno en la recaudación provincial y en los fondos que llegan desde la Nación, configurando un escenario fiscal complejo para el gobierno de Martín Llaryora.

Los números del primer bimestre reflejan con crudeza el deterioro: Córdoba recaudó durante febrero 845.902 millones de pesos, pero aun así los ingresos cayeron un 11% en términos reales interanuales, producto del freno de la actividad económica y del desplome de varios tributos clave.

Se trata de la primera provincia grande en exponer con claridad el alcance de la caída de la recaudación, un fenómeno que en realidad se está replicando en casi todo el país.

Un sistema fiscal golpeado por la caída del consumo

El retroceso se explica principalmente por el derrumbe de los impuestos vinculados directamente al nivel de actividad y al consumo.

Entre los tributos más afectados aparecen:

• IVA (neto de devoluciones): caída real del 12%.
• Ingresos Brutos: retroceso del 3%.
• Impuesto a los Sellos: baja del 3%.

En conjunto, los impuestos ligados al consumo descendieron un 6% real, lo que refleja con claridad el freno de la economía.

La caída se extendió también a otros segmentos de la recaudación. Los impuestos patrimoniales provinciales se desplomaron 15%, mientras que los fondos nacionales transferidos a Córdoba retrocedieron 8% en términos reales.

El mercado inmobiliario también se frenó

Uno de los indicadores que mejor grafica el parate económico es el mercado inmobiliario.

Durante el último año, la compra-venta de viviendas para uso familiar cayó un 20%, lo que impactó directamente en la recaudación del impuesto a los sellos.

La debilidad del sector también se refleja en los impuestos patrimoniales. En febrero cayeron un 28% interanual, con un dato especialmente significativo:

• Impuesto inmobiliario rural: desplome del 55%.

Este retroceso muestra cómo el enfriamiento económico se extiende tanto al consumo urbano como a sectores productivos clave de la provincia.

El golpe de la coparticipación

Otro factor que agravó el cuadro fiscal fue la caída de la coparticipación federal, los fondos que la Nación distribuye entre las provincias.

En febrero la baja fue del 23% real interanual, un salto negativo muy superior al registrado en enero, cuando el retroceso había sido del 13%.

La velocidad de la caída es uno de los aspectos que más preocupa en el Centro Cívico.

Los mismos impuestos que en enero habían retrocedido 3%, en febrero profundizaron el desplome hasta 6%, confirmando una tendencia que se acelera.

Un problema que se extiende a todo el país

La situación no es exclusiva de Córdoba.

Un informe reservado de la Comisión Federal de Impuestos proyecta que la recaudación nacional volvería a caer cerca de un 10% en marzo, repitiendo el resultado de febrero.

Ese derrumbe implicó para las provincias una pérdida de ingresos cercana a los 500 mil millones de pesos en un solo mes, un golpe que impacta de lleno en los presupuestos provinciales.

La situación también tensiona las cuentas del gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

Según trascendió en ámbitos económicos, el ministro de Economía Luis Caputo evalúa pagar a contratistas de obra pública mediante bonos y suspender los reintegros a exportadores, medidas que en el sector privado ya califican como una forma de default comercial encubierto.

El impacto político: paritarias y ajuste silencioso

La difusión de los números por parte de Llaryora no parece casual. Ocurre en un momento en que comienza a recalentarse el frente sindical por las negociaciones paritarias, y en el que la provincia intenta contener el gasto.

En lo que va del primer bimestre de 2026, Córdoba dispone de un 6% menos de recursos que en el mismo período de 2025.

La restricción ya se siente dentro del propio Estado provincial.

En los ministerios, según admiten funcionarios de áreas administrativas, la consigna que baja desde la conducción política es clara: “no hay plata”.

El escenario adquiere además una dimensión política delicada para el gobernador. En 2025, la gestión provincial pagó un alto costo político por la suba de impuestos, mientras que para 2026 el mandatario anunció una rebaja impositiva condicionada a un repunte de la actividad económica.

Ese repunte, al menos por ahora, no aparece en el horizonte.

Un segundo semestre bajo presión

Con la actividad estancada, el consumo retraído y los ingresos fiscales en caída, el gobierno provincial parece comenzar a preparar el terreno para meses complejos.

La presentación de los números de la recaudación funciona, en ese contexto, como una señal preventiva hacia los distintos sectores políticos, sindicales y económicos.

Si la tendencia continúa, el segundo semestre podría encontrar a Córdoba enfrentando una combinación incómoda: menos recursos, mayor presión salarial y un escenario económico todavía incierto.