En la política hay algo que tarde o temprano termina imponiéndose: la memoria. Los cordobeses recuerdan quiénes estuvieron a cargo de las decisiones, quiénes ocuparon cargos de responsabilidad y cuáles fueron los resultados de sus gestiones. Por eso resulta difícil de comprender —y más difícil aún de aceptar— ver hoy a algunos dirigentes que fueron protagonistas de problemas estructurales de la provincia intentando dar lecciones públicas sobre los mismos temas que ayudaron a deteriorar.

En los últimos días, llamó particularmente la atención la intervención pública de Marcelo Rodio, ex secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, opinando y debatiendo sobre el boleto educativo y el funcionamiento del sistema de transporte. La contradicción es evidente. Rodio fue parte de la conducción de un sistema que durante años estuvo rodeado de cuestionamientos por su falta de transparencia y que, en más de una oportunidad, dejó a miles de usuarios varados en las paradas, sin respuestas ni soluciones.

El transporte urbano es uno de los servicios más sensibles para la vida cotidiana de la ciudad. De su funcionamiento dependen trabajadores, estudiantes y familias que todos los días necesitan trasladarse para cumplir con sus obligaciones. Cuando ese sistema falla, las consecuencias se sienten inmediatamente en la calle. Por eso, escuchar hoy a quienes tuvieron responsabilidades directas en ese esquema intentar explicar cómo debería funcionar genera, como mínimo, una sensación de incoherencia política.

Algo similar ocurre con Miguel Siciliano, quien en los últimos días buscó posicionarse públicamente en defensa de los jubilados provinciales frente a cuestionamientos cruzados con Gabriel Bornoroni. El problema es que la historia legislativa reciente muestra otra cosa. Siciliano fue parte de los procesos políticos que terminaron debilitando el histórico principio del 82 por ciento móvil para los jubilados provinciales, una medida que impactó directamente en el poder adquisitivo de miles de retirados de la administración pública.

Pretender ahora colocarse en el rol de defensor de los jubilados y de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba cuando se participó activamente de decisiones que afectaron sus ingresos no solo resulta contradictorio, sino que también expone una profunda incoherencia política. La defensa de los jubilados no puede aparecer solo cuando conviene en una discusión mediática o en una disputa partidaria.

Estas situaciones dejan una pregunta inevitable en el escenario político cordobés: si estas son las principales figuras que el oficialismo provincial propone para sostener su discurso público, ¿qué tan sólido es el argumento que intenta defender? La política requiere convicción, pero también coherencia entre lo que se dice y lo que se hizo cuando se tuvo la responsabilidad de gobernar.

Los cordobeses tienen memoria y cada vez con mayor frecuencia revisan el “archivo” político de quienes pretenden ocupar espacios de poder o protagonismo. En ese archivo están las decisiones tomadas, los votos emitidos y los resultados concretos de cada gestión.

Cuando el pasado reciente contradice el discurso presente, la credibilidad se vuelve el principal problema. Y en política, sin credibilidad, ningún argumento logra sostenerse demasiado tiempo.