Apenas una semana después de su discurso en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante —donde prometió un “segundo tiempo” de orden y crecimiento para la ciudad— el intendente Daniel Passerini enfrentó su primer gran traspié político del año. Una crisis inesperada en el sistema de transporte urbano volvió a poner bajo la lupa a un servicio esencial para los cordobeses, históricamente complejo y particularmente sensible en la vida cotidiana de la ciudad.

El conflicto se desató tras un episodio insólito que sacudió la operatoria del sistema. Según denunció la empresa FAM, durante la madrugada del domingo se produjo un supuesto sabotaje que dejó fuera de circulación a las líneas de los corredores 2, 5, 7 y 600–601. El hecho denunciado fue el robo de aproximadamente 200 llaves de colectivos, lo que impidió que las unidades pudieran salir a prestar servicio.

Frente a esta situación, el municipio reaccionó con rapidez y activó un plan de contingencia que comenzó a implementarse desde la primera hora del lunes. A través de un esquema alternativo, las empresas Tamse, SíBus y Coniferal asumieron la cobertura de los corredores afectados para intentar garantizar el traslado de los usuarios.

Como parte de esa estrategia, la Municipalidad dispuso que el servicio sea gratuito en esas líneas mientras dure la emergencia, asumiendo el costo del boleto con recursos municipales. Paralelamente, la gestión de Passerini presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine eventuales responsabilidades.

Sin embargo, el plan B no logró evitar el malestar. Durante la jornada del lunes, numerosos usuarios reportaron demoras, confusión en las paradas y dificultades para trasladarse. Las complicaciones reavivaron el debate sobre la fragilidad estructural del sistema de transporte urbano y expusieron nuevamente uno de los puntos más sensibles de la administración municipal.

A ese clima de malestar ciudadano se sumaron rápidamente las críticas de la oposición, que encontró en la crisis un flanco político para cuestionar a la gestión. Aunque desde el Palacio 6 de Julio remarcan que la reacción fue inmediata, la administración municipal no logra esquivar del todo la responsabilidad política que le corresponde como poder concedente y organizador del servicio.

Los problemas del transporte en Córdoba no son nuevos. Se trata de un sistema que arrastra dificultades estructurales desde hace varias gestiones. Sin embargo, el episodio actual vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de rediscutir el esquema y avanzar en un reordenamiento de fondo.

En ese contexto comenzaron a circular especulaciones sobre las tensiones empresariales que atraviesan el negocio del transporte en la ciudad. Algunos sectores deslizan que el supuesto sabotaje podría estar vinculado con disputas entre grupos interesados en quedarse con la explotación del servicio.

En esa línea, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, dejó entrever que la empresa FAM podría quedar marginada de futuras instancias del sistema. La firma, de hecho, ya se encontraba bajo observación de la Municipalidad por distintos incumplimientos contractuales.

Mientras tanto, la oposición endureció su discurso. Las críticas llegaron tanto desde el ámbito del Concejo Deliberante como desde dirigentes provinciales. El senador nacional y exintendente Luis Juez fue uno de los más duros.

“Un servicio frágil y de pésima calidad ha vuelto a poner de rehenes a los cordobeses de a pie, los que esta vez quedaron cautivos de la inoperancia de Llaryora y Passerini”, disparó el líder del Frente Cívico. Y agregó: “Nunca resolvieron el marco regulatorio del transporte urbano y pusieron la política de transporte en manos de quienes hicieron y hacen fabulosos negocios en desmedro de los usuarios”.

Desde el oficialismo respondieron con dureza, recordando que Juez gobernó la ciudad entre 2003 y 2007 y acusándolo de haber dejado “la ciudad en ruinas”.

En paralelo, la presidenta del bloque de concejales de la UCR, Elisa Cafaratti, también cuestionó la gestión municipal. La edil recordó que en los últimos años el municipio anunció la compra de más de 280 colectivos con fondos públicos.

“Durante la gestión del ex intendente Martín Llaryora se adquirieron alrededor de 210 unidades y en la actual gestión se sumaron 50 más 20 colectivos a gas. Son vehículos pagados con el esfuerzo de los cordobeses, por lo que en una situación como esta deberían estar disponibles para garantizar el servicio”, sostuvo.

En medio de la polémica, el secretario de Gobierno Rodrigo Fernández deberá asistir al Concejo Deliberante para responder pedidos de informes sobre el funcionamiento del sistema y la crisis generada tras el episodio con la empresa FAM.

El conflicto reabrió una discusión de fondo: la fragilidad del esquema de transporte urbano en Córdoba y el peso político que tiene su funcionamiento en la evaluación ciudadana de la gestión municipal.

Para Daniel Passerini, la situación representa un problema que va más allá de la coyuntura. El transporte vuelve a convertirse en un dolor de cabeza para una administración que necesita mejorar sus niveles de aprobación y mostrar resultados concretos en la gestión.

El desafío también tiene una dimensión política más amplia. La gestión municipal forma parte del proyecto político que encabeza el gobernador Martín Llaryora, quien ya comienza a mirar el escenario electoral de 2027. En ese marco, la Provincia ha comenzado a reforzar su presencia en la capital con recursos y obras, buscando fortalecer la gestión local.

Pero mientras el calendario político avanza, la realidad cotidiana de los usuarios vuelve a recordar que el transporte urbano sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes de la ciudad.