Una vez más, los cordobeses volvemos a despertar con la misma noticia: colectivos que no circulan, usuarios varados en las paradas y un sistema de transporte urbano que parece condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. La historia se repite con distintos nombres: fue ERSA, fue TAMSE, fue TAMSAU y ahora es FAM. La pregunta inevitable es: ¿quién sigue?

Este domingo, varias líneas del transporte urbano dejaron de prestar servicio en Córdoba. Los corredores 2, 5 y 7, junto a las líneas 600 y 601, quedaron paralizados luego de que las unidades del Grupo FAM no salieran a trabajar. Desde la empresa denunciaron un supuesto sabotaje, mientras que desde el gremio UTA indicaron que las llaves de los colectivos no estaban, lo que impidió directamente que las unidades salieran a prestar servicio.

Más allá de cuál sea la explicación final de este nuevo conflicto, hay algo que ya no admite discusión: el sistema de transporte de Córdoba está atrapado en una improvisación permanente.

Los vecinos no pueden seguir siendo rehenes de un modelo que falla sistemáticamente. Cada vez que el servicio se interrumpe, cada vez que una empresa entra en crisis, cada vez que aparece un nuevo conflicto, quienes pagan las consecuencias son los usuarios.

Cuando los colectivos no pasan, la única alternativa para llegar a trabajar, estudiar o cumplir con una obligación es recurrir a un taxi, un remis o una aplicación de transporte. Y eso significa gastar mucho más dinero en un contexto económico que ya es extremadamente difícil para las familias cordobesas.

Lo que estamos viendo no es un problema aislado ni un hecho extraordinario. Es el resultado de años de decisiones improvisadas, falta de transparencia y una gestión que mantiene al sistema en emergencia permanente.

La emergencia del transporte debía ser una herramienta excepcional para resolver una crisis puntual. Sin embargo, en Córdoba se transformó en una especie de estado permanente que solo sirve para sostener un sistema deficiente sin resolver los problemas de fondo.

Mientras tanto, los recursos públicos se siguen gastando para sostener un esquema que no funciona y que no brinda previsibilidad ni a los usuarios ni a los trabajadores del sistema.

Como concejal de la ciudad, pero también como vecina de Córdoba, creo que es momento de decirlo con claridad: basta de desidia.

Señor Intendente, es hora de terminar con esta lógica de parches y soluciones temporarias. Levante la emergencia del transporte, que ya lleva varios años sin haber solucionado nada. Los hechos están a la vista.

Córdoba necesita abrir una discusión seria, amplia y transparente sobre el sistema de transporte que queremos. Es imprescindible convocar a todos los actores involucrados —usuarios, trabajadores, empresas, especialistas y fuerzas políticas— para diseñar un sistema eficiente, moderno y legal que esté a la altura de una ciudad como la nuestra.

Cambiar el nombre de las empresas no resuelve el problema. Ya lo vimos demasiadas veces.

ERSA, TAMSE, TAMSAU, FAM.

La ciudad no puede seguir viviendo en este eterno ensayo y error. Los cordobeses necesitamos, de una vez por todas, un transporte público que funcione. Y eso solo será posible cuando haya planificación, transparencia y decisión política para hacer las cosas bien.