El conflicto en torno a los llamados “naranjitas” volvió a instalarse con fuerza en la agenda política de Córdoba. Mientras en la Legislatura provincial se frustró el intento de tratar sobre tablas un proyecto para prohibir la actividad, en el Concejo Deliberante de la capital surgió una alternativa distinta: digitalizar el sistema de cobro para eliminar la interacción directa entre cuidacoches y conductores.

La iniciativa fue diseñada por los concejales Javier Fabre (UCR) y Soher el Sukaría (PRO), quienes proponen un esquema que mantendría la actividad de los cuidacoches, pero bajo un sistema de control digital administrado por el municipio. La propuesta aparece en medio de una discusión que lleva décadas en Córdoba y que, lejos de resolverse, parece girar en círculos entre intentos de prohibición, regulación y tolerancia informal.

Un debate que volvió al centro de la escena

Durante años, la presencia de cuidacoches en las calles cordobesas fue tolerada por las administraciones municipales, pese a que la actividad suele generar rechazo entre vecinos y conductores. El fenómeno, vinculado a la ocupación del espacio público para obtener ingresos, se consolidó como una realidad cotidiana en distintos barrios y zonas de alta circulación.

Sin embargo, el clima político cambió en los últimos años. El ascenso de posturas más liberales en el debate público —potenciado por la llegada de ese enfoque al Gobierno nacional— incrementó la presión sobre los gobiernos locales para que intervengan con mayor firmeza frente a la actividad.

En ese contexto comenzaron a proliferar proyectos legislativos orientados a limitar o directamente prohibir el trabajo de los cuidacoches. La Legislatura provincial, en un primer momento, intentó correrse del debate argumentando que la regulación del espacio público corresponde a cada municipio. Pero posteriormente, ante la presión de distintos sectores —entre ellos la Iglesia— el oficialismo terminó acompañando iniciativas que buscaban avanzar hacia la prohibición.

Aun así, los intentos legislativos no han logrado avanzar con rapidez. El último episodio ocurrió cuando la Legislatura decidió no habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto presentado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, que proponía prohibir la actividad en la provincia.

La alternativa: digitalizar el sistema

Mientras el debate provincial se empantana, desde el Concejo Deliberante capitalino surgió una nueva propuesta con un enfoque distinto. Los concejales Fabre y el Sukaría plantean digitalizar el cobro del estacionamiento para quitar del medio el contacto directo entre cuidacoches y conductores.

El proyecto apunta a revivir la aplicación SEMM (Servicio de Estacionamiento Medido Municipal), una herramienta impulsada por la gestión del intendente Martín Llaryora en 2021. La idea es que los automovilistas que estacionen en zonas delimitadas paguen una tarifa digital a la Municipalidad mediante esa app.

El municipio, a su vez, se encargaría de distribuir lo recaudado entre los cuidacoches, quienes pasarían a cumplir funciones como “agentes de control”. En ese nuevo esquema, los naranjitas seguirían presentes en las calles, pero tendrían prohibido interactuar con los conductores.

Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo central es eliminar las situaciones de presión o conflicto que a veces se generan cuando los cuidacoches intentan asegurar el cobro del servicio y fijar el precio de manera unilateral.

Nuevas funciones para los cuidacoches

De acuerdo con el proyecto, los actuales naranjitas serían reconvertidos en agentes de control del estacionamiento medido. Mediante una aplicación instalada en sus teléfonos, deberían verificar que los conductores hayan pagado la tarifa correspondiente.

Incluso, el texto contempla que estos agentes puedan labrar actas de infracción cuando detecten incumplimientos, según establece el artículo 8 inciso “c”.

Sin embargo, ese punto abre uno de los primeros cuestionamientos jurídicos. En la práctica administrativa, quienes tienen facultad para dar fe pública y emitir actas de infracción son inspectores municipales debidamente habilitados, o funcionarios con atribuciones específicas. Por lo tanto, resulta dudoso que personas que no formen parte formal de la estructura municipal puedan ejercer esa función.

En el mejor de los casos, podrían realizar denuncias a través del sistema digital, pero no necesariamente confeccionar actas con valor legal.

El problema del encuadre laboral

Otro de los interrogantes centrales del proyecto tiene que ver con el estatus laboral de estos nuevos agentes de control.

El texto no define con precisión bajo qué figura trabajarían. Entre las alternativas posibles aparecen distintos escenarios:

• Monotributistas vinculados al municipio, lo que podría abrir la puerta a futuros reclamos laborales.
• Empleados de una empresa tercerizada, lo que implicaría que una compañía privada administre el sistema.
• Contratos temporarios regulados por ordenanza.

El propio proyecto deja esa definición en manos del Ejecutivo municipal. El artículo 19 inciso “f” establece que será el Gobierno local quien determine, mediante reglamentación, “el régimen laboral de los agentes de control”.

Esa redacción genera otra discusión jurídica: si el Ejecutivo fija un régimen laboral, es razonable suponer que existirá algún tipo de relación laboral, lo que eventualmente podría recaer sobre el propio municipio.

El viejo problema: el control

Más allá del esquema propuesto, el mayor desafío sigue siendo el mismo que enfrentaron todos los proyectos anteriores: la fiscalización de la actividad.

Prohibir los naranjitas es, en términos operativos, relativamente sencillo. Con apoyo de la Policía, el municipio puede controlar que nadie cobre por estacionar en la vía pública.

Regularlos, en cambio, implica un nivel de supervisión mucho más complejo. El control no solo debería verificar que la actividad exista, sino también cómo se realiza, bajo qué condiciones y con qué reglas.

Ese punto es el que históricamente hizo naufragar las iniciativas que intentaron formalizar el sistema.

Un debate que sigue abierto

Con proyectos de prohibición en la Legislatura y propuestas de regulación o digitalización en el Concejo Deliberante, la discusión sobre los naranjitas parece lejos de resolverse.

El caso refleja un dilema que atraviesa a muchas ciudades: cómo equilibrar el orden del espacio público, la seguridad de los ciudadanos y la realidad social de quienes encuentran en la calle su única fuente de ingresos.

Por ahora, Córdoba sigue buscando una fórmula que logre resolver ese conflicto sin que el problema vuelva, una vez más, al punto de partida.