El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se consolidó en los últimos meses como una voz influyente dentro de la discusión pública sobre la agenda social en la provincia. Con un perfil que combina prudencia institucional y firmeza en los planteos, la Iglesia católica local decidió involucrarse de manera directa en uno de los debates más sensibles de la política cordobesa: la regulación de los cuidacoches, conocidos popularmente como “naranjitas”.

En ese marco, la Arquidiócesis de Córdoba presentará esta semana una propuesta propia sobre el tema, elaborada a partir de una serie de encuentros con legisladores, concejales y funcionarios municipales. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres, dos espacios que en los últimos años ganaron protagonismo en la discusión sobre pobreza, adicciones y convivencia urbana.

Un liderazgo eclesial con tono crítico

Desde su llegada al arzobispado, el cardenal Rossi adoptó un estilo de liderazgo que combina cercanía con los sectores más vulnerables y una autonomía discursiva que no esquiva cuestionamientos a la dirigencia política.

Si bien evita la confrontación directa, sus intervenciones suelen incluir advertencias que incomodan tanto al gobierno nacional de Javier Milei como a la administración provincial de Martín Llaryora.

En Córdoba, donde la tradición católica mantiene un peso cultural e institucional significativo, los posicionamientos de la Iglesia tienen impacto político. En particular cuando se expresan desde ámbitos como la Pastoral Social o la Vicaría de los Pobres, espacios que suelen poner el foco en las consecuencias sociales de las políticas públicas.

De hecho, dentro del propio arco político se atribuye a gestiones reservadas del arzobispo una intervención clave que, hacia finales del año pasado, habría contribuido a postergar el debate legislativo sobre la reforma del Código de Convivencia.

El debate por el Código de Convivencia

La reforma del Código de Convivencia de Córdoba incluye varios puntos polémicos, entre ellos la regulación de los cuidacoches y la prohibición de los limpiavidrios en la vía pública.

El proyecto impulsado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, plantea una política de mayor control y sanciones para quienes ejerzan estas actividades sin habilitación oficial.

Desde la Iglesia, sin embargo, miran con preocupación el enfoque predominante del proyecto. En distintos ámbitos internos se advierte que un abordaje exclusivamente punitivo podría agravar situaciones de exclusión social en lugar de resolverlas.

No es la primera vez que el arzobispado interviene en debates de este tipo. Recientemente también se expresó con tono crítico frente a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad, en una línea argumental que prioriza políticas de inclusión antes que respuestas centradas únicamente en la sanción penal.

Reuniones con dirigentes de distintos espacios

Entre enero y febrero, el vocero de la Arquidiócesis, el padre Munir Bracco, y el delegado de la Pastoral Social, Santiago Oliva, mantuvieron una intensa agenda de reuniones con dirigentes de diferentes fuerzas políticas.

Entre los encuentros más destacados se cuentan los realizados con el viceintendente de la ciudad, Javier Pretto, y con los concejales Nicolás Piloni y Mauricio Romero. También participaron el legislador Adrián Vitali, quien preside la comisión encargada de tratar el Código de Convivencia.

La ronda de consultas también incluyó al legislador radical Dante Rossi, autor de uno de los proyectos en discusión; al oficialista Matías Chamorro; y a los representantes del juecismo Walter Nostrala, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Nancy Almada.

También hubo conversaciones con el parlamentario Gregorio Hernández Maqueda, autor de otra iniciativa que proponía eliminar a los naranjitas y que ya fue rechazada en el recinto.

Por su parte, el legislador del PRO Oscar Agost Carreño presentó una propuesta alternativa que, según diversas fuentes políticas, podría resultar más aceptable para algunos sectores del oficialismo provincial que prefieren una salida menos rígida que la impulsada desde el área de Seguridad.

Un debate que también llegará al Concejo

El tratamiento legislativo del nuevo Código de Convivencia se reactivará en la comisión de Seguridad que presidirá el flamante presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas.

El proyecto oficial se apoya en tres ejes principales:

• prohibir a los cuidacoches que operen sin habilitación formal y aplicar sanciones agravadas;
• prohibir la actividad de limpiavidrios en la vía pública;
• reforzar el marco sancionatorio vinculado a la protección de los equipos de salud, educación y seguridad.

Sin embargo, el debate no quedará circunscripto al ámbito provincial. El intendente de la capital, Daniel Passerini, confirmó recientemente que el tema también será discutido en el Concejo Deliberante.

Durante la apertura del período ordinario de sesiones, el jefe municipal señaló que los cuidacoches tienen plazo hasta este mes para empadronarse si desean trabajar de manera habilitada dentro del sistema que pretende ordenar el municipio.

La oposición impulsa un modelo sin “naranjitas”

En paralelo, concejales de la oposición presentaron propuestas más radicales. La edil Soher El Sukaría y el concejal Javier Fabre impulsaron una ordenanza para digitalizar completamente el sistema de estacionamiento medido.

La iniciativa propone eliminar la intermediación informal y prohibir la actividad de los naranjitas, reemplazando el sistema por una modalidad completamente digital a través de la aplicación oficial de estacionamiento medido (SEM).

El objetivo, según explicaron sus autores, es “modernizar” el sistema, eliminar el uso de efectivo y ofrecer un marco legal claro y seguro para los vecinos.

Iglesia y política: una relación que vuelve al centro del debate

En este escenario, la intervención de la Iglesia promete agregar un nuevo componente al debate. La propuesta que se presentará en los próximos días buscará, según anticipan desde el arzobispado, equilibrar la necesidad de ordenar el espacio público con la realidad social de cientos de personas que encuentran en esa actividad una forma precaria de subsistencia.

Así, mientras el oficialismo provincial impulsa una política de mayor control y parte de la oposición reclama directamente la eliminación del sistema, la Iglesia intenta instalar una tercera mirada: una que combine regulación, inclusión social y presencia del Estado.

Un posicionamiento que, en una Córdoba donde la política y la Iglesia mantienen vínculos históricos, podría terminar teniendo un peso mayor al esperado en el desenlace de la discusión legislativa.