La continuidad de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse presuntas fallas de seguridad que no habrían sido reportadas oficialmente por la empresa estatal. El conflicto, que combina cuestiones ambientales, judiciales y políticas, amenaza con poner fin a más de cuatro décadas de funcionamiento de la firma en plena zona urbana de Córdoba.

La planta, dedicada a la producción de dióxido de uranio para uso nuclear, opera desde mediados de los años 80 en un área densamente poblada y a apenas diez cuadras del Estadio Juan Domingo Perón, conocido popularmente como el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba. Durante décadas, su funcionamiento se sostuvo mediante prórrogas y permisos precarios, una situación que ahora enfrenta un nuevo capítulo de tensión institucional.

Incidentes no reportados y exigencias de seguridad

Según trascendió, dos hechos considerados graves —ocurridos en 2023 y 2024— habrían sido informados por empleados y ex empleados, pero no reportados oficialmente por la empresa. Estos episodios activaron alarmas dentro de la Municipalidad de Córdoba, que exigió a la compañía informes actualizados sobre seguridad ambiental y nuclear.

La preocupación se profundizó luego de que una inspección de la Dirección de Bomberos detectara una serie de falencias en las instalaciones. Entre los requerimientos planteados se encuentran:

• Mejoras en el sistema de extinción de incendios.
• Instalación de rociadores en tanques de combustible.
• Elaboración de un inventario detallado de los productos químicos almacenados.
• Adecuación de muros y aberturas en la zona del horno para que sean ignífugos, en lugar de estructuras con cobertura de chapa.

A esto se suman dos informes negativos del área de Ambiente de la Provincia, que incrementaron las dudas sobre las condiciones de operación de la planta.

En su defensa, Dioxitek negó la existencia de incidentes no reportados y sostuvo que las observaciones realizadas por Bomberos ya fueron resueltas o se encuentran en proceso de corrección. Sin embargo, la empresa evitó brindar detalles técnicos, amparándose en cláusulas de confidencialidad y de seguridad vinculadas a la actividad nuclear.

La disputa política por el futuro de la planta

El conflicto también escaló al terreno político. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se reunió con el directorio de la empresa y cuestionó con dureza la propuesta presentada para extender la permanencia de la planta en Alta Córdoba.

“Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro; están desde hace 40 años así, desde el 86, con prórrogas y yo quiero terminar mi mandato con este tema resuelto”, afirmó el jefe municipal.

Desde el espacio libertario criticaron la postura del intendente, sugiriendo que la decisión tendría un trasfondo ideológico. Sin embargo, desde el equipo de comunicación municipal rechazaron esas acusaciones con dureza: “Lo que sí es ideológico es mentir deliberadamente”, respondieron en redes sociales.

Una mudanza inconclusa a Formosa

La discusión sobre el futuro de la planta no es nueva. Desde hace años se proyecta su traslado a una nueva instalación industrial en la provincia de Formosa. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada desde septiembre de 2023.

Al momento de detenerse, el proyecto tenía un avance cercano al 70% y una inversión ejecutada de 149 millones de dólares. La falta de financiamiento del Estado nacional frenó la iniciativa, lo que ahora llevó a la actual gestión libertaria a plantear una extensión de la vida útil de la planta cordobesa hasta 2034.

Mientras tanto, la planta de Alta Córdoba continúa funcionando a plena capacidad, con una producción anual récord de 190 toneladas de dióxido de uranio de grado nuclear.

La causa judicial que puede definir el destino

El futuro de la planta también depende de la investigación abierta por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien solicitó a la empresa informes ambientales y de seguridad vinculados a la operación.

En la planta se almacenan sustancias químicas potencialmente peligrosas, entre ellas metanol, hidrógeno, amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio, lo que refuerza la preocupación de sectores políticos y vecinos sobre la conveniencia de mantener este tipo de actividad industrial en pleno tejido urbano.

Un debate que combina seguridad, política y modelo productivo

El caso Dioxitek reabre una discusión que Córdoba arrastra desde hace décadas: si una planta vinculada al ciclo nuclear debe seguir funcionando en un barrio densamente poblado.

Mientras el municipio exige definiciones y la Justicia avanza con pedidos de informes, la empresa busca ganar tiempo para continuar operando. En el medio, quedan los vecinos de Alta Córdoba, que observan cómo un conflicto técnico y político puede terminar definiendo el destino de una de las instalaciones industriales más controvertidas de la ciudad.