Como legislador provincial y como representante de la oposición, no puedo permanecer en silencio frente a una decisión del gobernador Martín Llaryora que constituye un claro atropello institucional y una grave violación normativa. Por eso, desde el Bloque de la UCR ingresamos en la Legislatura un Proyecto de Resolución rechazando la incorporación de intendentes oficialistas al Gobierno provincial, una maniobra que no solo desvirtúa el mandato popular sino que además vulnera la Ley Provincial de Paridad de Género.

Cuando un pueblo elige a su intendente, lo hace para que gobierne su municipio, no para que abandone esa responsabilidad a mitad de camino y pase a integrar el gabinete provincial. Esa decisión no es neutra: implica desoír la voluntad soberana de cada comunidad que confió en una persona para administrar su ciudad. Transformar el Gobierno provincial en una agencia de reubicación política es una falta de respeto al mandato constitucional otorgado por los cordobeses en cada localidad.

Pero el problema no termina allí. La modificación de la estructura orgánica del Ejecutivo para incorporar a estos intendentes no solo amplía el gasto público en un contexto donde se habla permanentemente de austeridad, sino que además viola de manera evidente la Ley 10.719 de Paridad de Género de la Provincia de Córdoba.

No estamos hablando de simples reemplazos administrativos. Estamos hablando de una reconfiguración jerárquica que desplazó a mujeres que ocupaban responsabilidades ejecutivas, como Laura Jure, Liliana Montero y Victoria Flores, para dar lugar a varones como Torres y Horacio Ferreyra, bajo la órbita del ministro Ricardo Pieckenstainer. La paridad no es una consigna discursiva: es una obligación legal. Y la ley no puede interpretarse según conveniencia política.

Resulta contradictorio que un gobierno que se presenta como moderno y comprometido con la equidad de género modifique su estructura sin respetar los principios básicos de equilibrio y representación que la normativa provincial establece con claridad. La paridad no puede ser utilizada como bandera cuando conviene y descartada cuando incomoda.

A esto se suma un dato insoslayable: cada nueva secretaría, dirección o jerarquización implica más cargos, más estructura y más gasto público. En lugar de achicar el Estado y hacerlo más eficiente, se lo ensancha para contener acuerdos políticos internos. La política no puede seguir financiándose con recursos que son de todos los cordobeses.

El respeto al mandato popular y el cumplimiento de la ley no son opcionales. Son pilares de la institucionalidad. Cuando se los vulnera, corresponde señalarlo con firmeza.

Por eso impulsamos este Proyecto de Resolución: para dejar asentado que Córdoba no puede naturalizar prácticas que lesionan la voluntad ciudadana y que, además, incumplen normas vigentes en materia de equidad de género.

La institucionalidad no es un detalle administrativo. Es la base de la democracia. Y cuando se la altera por conveniencia política, el silencio no es una opción.