El gobernador Martín Llaryora decidió avanzar con una reconfiguración profunda del Gobierno provincial, incorporando a un “pelotón” de intendentes al gabinete con un doble objetivo: relanzar una gestión desgastada y contener las tensiones internas de un peronismo que, por primera vez en años, percibe una amenaza real de derrota electoral. El mal resultado del proyecto “cordobesista” con la caída de Provincias Unidas terminó de acelerar un proceso que ya venía gestándose en los despachos oficiales.

La primera señal concreta llegó este viernes con la asunción de Marcos Torres como ministro de Desarrollo Social. El jefe comunal de Alta Gracia reemplazó a la histórica dirigente schiarettista Laura Jure, en un movimiento de alto impacto simbólico y político: desplazar a una “schiarettista pura” para colocar a un intendente territorialmente fuerte marca el nuevo eje de poder del llaryorismo.

Con esta decisión, Llaryora no solo incorpora gestión territorial al gabinete, sino que también “blinda” el departamento Santa María, un distrito clave de cara a la elección del año próximo. El blindaje se completa con el peso político de Facundo Torres, hermano del nuevo ministro y jefe del bloque oficialista en la Legislatura.

Seguridad, Frente Renovador y reordenamiento interno

La siguiente incorporación sería la de Agustín González, actual intendente de Cruz Alta, quien desembarcaría como secretario en el Ministerio de Seguridad. González, además, ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y fue una de las piezas que apuntaló la candidatura de Natalia de la Sota en octubre.

El vínculo político y personal con Daniel Passerini —ahijado suyo y heredero de una relación familiar que trasciende la política— refuerza el carácter estratégico del movimiento. En Seguridad, González quedaría bajo la órbita de Juan Pablo Quinteros, un funcionario de perfil alto, exposición mediática constante y centralidad en la agenda pública.

Una receta conocida en la política cordobesa

La estrategia no es novedosa. En 2013, tras el acuartelamiento policial que puso en jaque al gobierno provincial, José Manuel de la Sota recurrió a una fórmula similar: sumar intendentes al gabinete para recomponer gobernabilidad. En aquel entonces, el propio Llaryora —intendente de San Francisco— fue designado ministro de Industria y Comercio, movimiento que luego lo catapultó a la vicegobernación de la mano de Juan Schiaretti.

Hoy, la lógica se repite con una diferencia clave: todos los intendentes convocados están impedidos de ser reelectos y tienen sus sucesiones resueltas, lo que reduce el costo político local y libera a los jefes comunales para jugar en la arena provincial sin comprometer la gobernabilidad de sus municipios.

Cooperativas, obra pública y control territorial

La ingeniería política también se proyecta sobre el Ministerio de Cooperativas, una cartera que, aunque de bajo perfil mediático, concentrará la ejecución de la obra pública en el interior provincial, incluida la expansión de la red de gas natural.

Allí suena el nombre de Fabricio Díaz para la Secretaría de Infraestructura, bajo la conducción del exintendente Gustavo Brandan. Lo acompaña como secretario Gabriel Frizza, exdirigente del PRO. También se menciona la incorporación de Juan Pablo Vassia, consolidando un esquema de control territorial y financiero de la obra pública a través de cooperativas del interior.

Cambios en Gobierno y tensiones con el radicalismo

En el Ministerio de Gobierno, que conduce Manuel Calvo, se prevé el ingreso de Marcos Torres Cena y Martín García. En paralelo, se prepara la salida del exlegislador radical Orlando Arduh, quien sería reemplazado por otro radical, Gustavo Benedetti, alineado al esquema de la vicegobernadora Myrin Prunotto.

La amenaza libertaria y la disputa por los intendentes radicales

El trasfondo de esta reingeniería es electoral. El Gobierno provincial busca frenar una eventual fuga de intendentes radicales hacia La Libertad Avanza, donde Soledad Carrizo trabaja activamente en el reclutamiento territorial para Gabriel Bornoroni.

La disputa por las “boinas blancas” del interior se perfila como una de las claves de la ingeniería electoral de este año. En ese tablero, Llaryora apuesta a un gabinete territorializado, con intendentes como fusibles políticos y gestores directos, para recuperar iniciativa, disciplinar al peronismo y evitar que el descontento se transforme en ruptura.

Más que un simple recambio de nombres, el nuevo esquema refleja una admisión implícita: la gestión está en crisis política y el oficialismo ya no se siente invulnerable. El “cordobesismo” dejó de ser un paraguas electoral seguro, y el gobernador responde con una fórmula clásica del poder provincial: territorio, intendentes y control político como antídoto frente al desgaste.