La Unión Cívica Radical encendió una nueva señal de alarma frente a la estrategia del Gobierno provincial de incorporar intendentes al Poder Ejecutivo. A partir de la información que circula en ámbitos políticos y legislativos sobre estas posibles designaciones, el presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Córdoba para rechazar formalmente esta práctica.

La iniciativa no solo cuestiona la oportunidad política de la medida, sino que apunta directamente al modelo de gestión y a la lógica de acumulación de cargos dentro del Estado provincial. Desde el radicalismo advierten que se trata de una maniobra que no responde a ninguna necesidad concreta de la ciudadanía y que, por el contrario, profundiza los problemas estructurales de un aparato estatal sobredimensionado.

Un doble impacto: vaciamiento local y expansión del aparato político

Según el planteo del bloque de la Unión Cívica Radical, la designación de intendentes en el Ejecutivo provincial genera un doble perjuicio.
Por un lado, desarticula la gestión en los municipios, al retirar a los jefes comunales de sus localidades, afectando la conducción política, la administración cotidiana y el vínculo directo con los vecinos.
Por otro, engrosa una planta política ya saturada, sumando cargos, estructuras y sueldos en un contexto de fuerte deterioro económico y social.

“Esto no resuelve ningún problema real de los cordobeses”, sostienen desde el radicalismo, y remarcan que se trata de una lógica de acumulación de poder y cargos que no se traduce en mejores políticas públicas, servicios ni respuestas concretas para la población.

Un gobierno “en retirada” y sin respuestas estructurales

El proyecto de resolución también incorpora un diagnóstico político más profundo: desde la UCR consideran que el oficialismo provincial atraviesa una etapa de debilidad y desgaste, y que estas decisiones reflejan una gestión que actúa “a los manotazos”, intentando sostener equilibrios internos antes que resolver los problemas de fondo.

La crítica no es solo administrativa, sino estratégica: la incorporación de más referentes políticos al Ejecutivo es leída como una señal de repliegue político, donde la prioridad pasa a ser la contención del poder antes que la gestión eficiente del Estado.

Sueldos políticos y un Estado que “ya no brinda soluciones”

Uno de los ejes más duros del posicionamiento radical apunta al costo económico y simbólico de estas designaciones. El bloque denuncia que se trata de cargos con remuneraciones equivalentes a varias canastas básicas, en una provincia donde amplios sectores sociales enfrentan dificultades para cubrir necesidades elementales.

En ese marco, el rechazo es categórico: más cargos políticos no significan más soluciones, sino un Estado más grande, más caro y menos eficiente, alejado de las demandas reales de la sociedad.

Una disputa que anticipa tensiones mayores

El proyecto presentado por Gvozdenovich no solo funciona como rechazo puntual a una medida concreta, sino como un posicionamiento político más amplio de la UCR frente al modelo de gestión provincial. La discusión sobre la expansión del Ejecutivo, el uso de cargos políticos y el rol del Estado anticipa un escenario de mayor confrontación legislativa y discursiva.

En un contexto de crisis económica, ajuste, caída del poder adquisitivo y malestar social, la oposición radical busca instalar un mensaje claro: menos cargos, menos estructura política y más soluciones concretas. La designación de intendentes en el Ejecutivo aparece, así, como un símbolo de un modelo de poder que —según la UCR— ya no responde a las necesidades de los cordobeses, sino a la lógica de supervivencia política del propio gobierno.