Eliminan secretarías, reducen asesores y reordenan la estructura política por la caída de fondos

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba puso en marcha un proceso de “racionalización del gasto” que impactará de lleno en su estructura política y administrativa. La decisión, adoptada por el viceintendente Javier Pretto y consensuada con el intendente Daniel Passerini, contempla la eliminación de secretarías, la reducción de subsecretarías y direcciones, y un recorte significativo en la planta política y de asesores del Legislativo municipal.

La medida se inscribe en un escenario de fuerte contracción de recursos, marcado por la baja del movimiento comercial a nivel nacional y su impacto directo en la recaudación local. En ese contexto, el ajuste será presentado oficialmente por el propio Pretto el lunes por la mañana, como parte de una estrategia de ordenamiento institucional que ya venía gestándose desde fines del año pasado en el Ejecutivo municipal y que ahora se profundiza en el ámbito legislativo.

Reestructuración profunda del organigrama

Según el esquema proyectado, algunas subsecretarías serán directamente eliminadas, mientras que otras descenderán al rango de dirección general. A su vez, varias direcciones generales pasarán a ser simples direcciones. El recorte apunta principalmente a las segundas líneas de gestión, aunque también alcanzará a personal contratado, lo que evidencia que no se trata solo de un gesto político, sino de una reconfiguración real de la estructura administrativa.

Desde el Palacio 6 de Julio admiten que la decisión responde tanto a la caída de ingresos como al crecimiento sostenido de ciertos rubros de gasto, entre ellos el de limpieza, que en los últimos meses mostró incrementos significativos y encendió alertas internas sobre la sustentabilidad del presupuesto.

Recorte de asesores: el punto más sensible

Uno de los cambios más fuertes se dará en la estructura de los concejales. Hasta ahora, cada edil contaba con entre cuatro y cinco asesores. Con el nuevo esquema, deberán desempeñarse con un solo colaborador por concejal, cuyo salario ronda los 1.800.000 pesos.
La medida ya fue comunicada formalmente a los bloques y generó preocupación puertas adentro, no solo por el impacto laboral sino también por la capacidad operativa de los despachos legislativos, que deberán reorganizar su funcionamiento con recursos humanos mínimos.

El objetivo oficial es claro: reducir alrededor de un 30% el gasto en personas y estructura política, una cifra que, de concretarse, representaría uno de los ajustes más significativos en la historia reciente del Concejo Deliberante.

Alineamiento con la agenda provincial

El ajuste no es un hecho aislado. Se alinea con la política de austeridad impulsada por el gobernador Martín Llaryora, y con decisiones similares adoptadas por la Municipalidad de Córdoba, como la reducción de partidas destinadas al alquiler de inmuebles para oficinas públicas.

En ese marco, la reestructuración del Concejo funciona también como mensaje político: mostrar disciplina fiscal, ordenamiento del Estado y control del gasto en un contexto donde la austeridad se volvió una bandera obligada para las administraciones locales.

Proyección política

En el plano político, la movida fortalece el perfil de Pretto como dirigente alineado con la ortodoxia fiscal y el discurso del ajuste responsable, un posicionamiento que puede proyectarlo en el escenario electoral futuro. En tiempos de crisis, la gestión del gasto público se convierte en capital simbólico, y el viceintendente parece decidido a ocupar ese espacio.

La decisión, aunque presentada como técnica y administrativa, tiene una lectura inevitablemente política: menos estructura, menos cargos y menos asesores no solo ordenan las cuentas, sino que redefinen el poder interno dentro del Concejo y reconfiguran el mapa de influencias en la política municipal. En Córdoba, el ajuste no es solo económico: también es político.