En los primeros minutos de este viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción —con modificaciones— al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, tras una sesión que se extendió más allá de la medianoche y estuvo atravesada por el paro nacional convocado por la CGT, una masiva movilización frente al Congreso y un clima político de alta tensión tanto dentro como fuera del recinto.

Con los cambios introducidos —entre ellos, la eliminación del artículo 44 referido a licencias médicas— el texto deberá regresar ahora al Senado, que ya le había otorgado media sanción. La jornada dejó un saldo político complejo: incidentes en la calle, detenidos tras la protesta de sectores de izquierda y un recinto marcado por estrategias reglamentarias, discursos cruzados y señales ambiguas de varios bloques provinciales.

Debate acelerado y pulseada reglamentaria

El oficialismo intentó apurar el trámite. A las 00.35, un diputado de La Libertad Avanza sintetizó la estrategia: “Voy en la línea del diputado Ritondo. Pasemos a la votación”. Antes, el kirchnerismo había buscado devolver el proyecto a comisión, pero la conducción libertaria respondió con una jugada reglamentaria para acotar la lista de oradores y acelerar la definición. Finalmente, ante la presión política, se habilitó la palabra a todos los diputados anotados, aunque el clima de urgencia nunca se disipó.

El proyecto avanzó en un contexto de fuerte conflictividad social: el paro general de la CGT y la protesta frente al Congreso funcionaron como telón de fondo de un debate que, más que técnico, expuso un choque de modelos sobre el rol del Estado, el mercado laboral y la protección del trabajo.

El cordobesismo, entre ausencias y críticas

Uno de los focos políticos de la sesión estuvo en el comportamiento del interbloque cordobés alineado al gobernador Martín Llaryora. La presencia fue parcial y llamativa: no participaron Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Desde el entorno del exmandatario provincial explicaron que Schiaretti no pudo viajar por las complicaciones del transporte aéreo producto del paro. En el caso de Torres se mencionaron compromisos en el exterior, mientras que sobre García Aresca no hubo precisiones públicas.

Las ausencias no fueron neutras. Se produjeron en el tratamiento de uno de los puntos más sensibles del proyecto: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que redefine el esquema tradicional de indemnizaciones. En el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo ya había votado en contra de ese capítulo, lo que había elevado la expectativa sobre el posicionamiento del espacio en Diputados.

Entre los cordobeses que sí participaron, las posturas estuvieron lejos de ser homogéneas. Juan Brügge, del interbloque Provincias Unidas, fue especialmente crítico con la técnica legislativa del proyecto. Comparó el texto con “una demanda mala” y advirtió que la reforma presenta “incertidumbres, ambigüedades y vacíos” que podrían derivar en un aumento de la litigiosidad. “Va a activar necesariamente planteos ante la Justicia”, alertó, señalando que muchos supuestos carecen de sentido común jurídico.

Desde Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota rechazó de plano la iniciativa y la encuadró en un “paradigma deshumanizante”. Sostuvo que la norma “atenta contra los derechos individuales y colectivos” y cuestionó la narrativa oficial que la presenta como una herramienta para fomentar el empleo. Para la legisladora, el problema no es solo laboral, sino económico: sin un cambio de política productiva e inversión genuina, la reforma aparece más como un ajuste de derechos que como una estrategia de desarrollo.

Cruces nacionales y críticas al corazón del proyecto

El debate también expuso tensiones dentro del peronismo y entre bloques opositores. Nicolás Trotta cuestionó a legisladores peronistas de distintas provincias por acompañar el proyecto, mientras que desde La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni presionó para acelerar la votación, alineado con la estrategia del Ejecutivo de cerrar rápidamente la discusión.

Uno de los discursos más duros fue el de Miguel Pichetto, quien apuntó a la falta de fundamentos jurídicos, políticos y económicos del Gobierno para impulsar la reforma. Para el legislador, el proyecto “deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador” y consolida un esquema que beneficia al sector más fuerte de la relación laboral: el empresario. En particular, fue crítico del FAL, al que definió como un instrumento con proyección financiera más que laboral, advirtiendo sobre su posible utilización futura como respaldo de operaciones crediticias del Estado.

Una señal política ambigua

Con solo tres de sus seis miembros presentes —Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Brügge— el cordobesismo dejó una señal ambigua en una votación clave para la Casa Rosada. Mientras algunos acompañaron, otros rechazaron y tres evitaron sentar posición en el recinto. El resultado refleja una estrategia provincial que oscila entre la negociación pragmática con el gobierno nacional y la necesidad de no quedar asociados a una reforma socialmente resistida.

La reforma laboral ya no es solo un debate técnico: se convirtió en un test político. Tensiona la relación entre oficialismo y oposición, expone fisuras dentro del peronismo y obliga a los espacios provinciales a definiciones incómodas frente a una Casa Rosada que necesita cada voto para blindar los artículos más sensibles. Ahora, con el proyecto de regreso en el Senado, el conflicto se traslada a la Cámara Alta, donde el clima social, la presión sindical y las internas políticas prometen volver a jugar un papel central.