La ofensiva política de la Unión Cívica Radical contra el Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo y elevó el voltaje del conflicto en torno al Banco de Córdoba. Esta vez, el foco no está solo en el retiro de cajeros automáticos del “interior profundo”, sino en una presunta reconversión edilicia en la histórica sucursal Catedral, en pleno centro de la Córdoba, que según denuncian los radicales implicaría el cierre de 13 cajeros para construir “departamentos” destinados a personal jerárquico del banco.

La bancada de legisladores radicales, encabezada por Matías Gvozdenovich, ingresó un nuevo pedido de informes dirigido al Ejecutivo provincial para que, a través de la entidad financiera, se detallen las obras y modificaciones en la sucursal Catedral. La oposición sostiene que en el edificio ubicado en la esquina de San Jerónimo e Ituzaingó se cerraría un centro operativo con 13 cajeros automáticos para reconvertir el espacio en “dormitorios” destinados a directivos del banco provenientes del interior que deban pernoctar en la Capital.

“Aunque parezca increíble, sacan cajeros y hacen dormitorios”, lanzó Gvozdenovich, alineado políticamente con Rodrigo de Loredo, en una frase que rápidamente se viralizó en redes. Y fue más allá: “Esta es la verdadera casta política de Córdoba que gobierna hace 26 años. Ya es demasiado”.

El pedido de informes es minucioso: solicita conocer los motivos del cierre del centro operativo, detallar las modificaciones edilicias realizadas en el edificio, precisar la ubicación y el destino de la supuesta construcción de habitaciones, dormitorios y baños privados, y determinar si esos espacios tendrían acceso desde la vía pública. Además, exige que se adjunten las resoluciones o directivas internas del Bancor que hayan autorizado las obras.

En redes sociales, el propio Gvozdenovich amplificó el mensaje con una narrativa de fuerte impacto político:
“En vez de mejorar la atención al público, van a hacer 14 departamentos para el personal jerárquico. En lugar de pagarse un hotel, van a tener un lugar de lujo acá”. La crítica fue directamente dirigida al PJ en el poder: “Por eso 26 años de peronismo son demasiado y estas son las pruebas”.

Negativa del banco y disputa por el “ajuste”

Desde el Banco de Córdoba la respuesta fue categórica. “De ninguna manera es como dicen los legisladores”, afirmaron voceros de la entidad, que rechazaron de plano la versión sobre la construcción de departamentos o espacios residenciales para directivos.

Sin embargo, la polémica se inscribe en un conflicto más amplio. La UCR ya había capitalizado políticamente el malestar de intendentes del interior por el retiro de cajeros automáticos y el cierre de extensiones de mostrador en pequeñas localidades. Según Gvozdenovich, el banco exige que los municipios asuman el costo de mantenimiento de los cajeros si desean evitar su retiro: alrededor de 3 millones de pesos mensuales (unos 1.800 dólares), cifra que calificó de “abusiva” para gestiones locales con presupuestos acotados.

“El banco pretende cobrarle a los intendentes por mantener los cajeros, pese a que los municipios ya aportan el espacio físico, la energía, la limpieza y la seguridad”, sostuvo el legislador en declaraciones al programa “6 en Punto”, por Radio Punto a Punto.

Para el radicalismo, el servicio de cajeros automáticos en pequeñas localidades constituye un “servicio esencial” que debe ser garantizado por la Provincia, sin trasladar costos a los municipios. En cambio, desde la conducción del banco defienden la reestructuración bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera.

Días atrás, Claudio Monetto, director comercial y de canales del Bancor, reconoció públicamente el retiro de cajeros y el cierre de centros de pago en destinos con baja transaccionalidad y altos costos de mantenimiento. “Somos un banco comercial que compite en el sistema financiero y debe ser rentable”, afirmó, aunque recordó el carácter público de la institución. Como alternativa, mencionó esquemas de cajeros coadministrados con municipios, alianzas con comercios y cooperativas, y modelos mixtos para garantizar la extracción de efectivo. “No hay destinos que se vayan a quedar sin cajero”, aseguró, aunque admitió que el nuevo modelo exige diálogo y esfuerzo compartido con los gobiernos locales.

Escalada política en la Unicameral

Con este nuevo frente abierto, la UCR anticipa que llevará el debate a la Legislatura Unicameral de Córdoba, buscando instalar la idea de que no se trata de una simple reorganización operativa, sino de un “ajuste” que traslada costos al interior y prioriza intereses internos del banco.

El oficialismo, en cambio, intenta encuadrar el proceso como una modernización necesaria del sistema financiero provincial, adaptada a nuevos hábitos de consumo, digitalización y criterios de eficiencia.

En ese choque de relatos se juega algo más que una discusión bancaria: se disputa el sentido político del rol del Estado provincial en el territorio. Para la oposición, el repliegue del Bancor es una decisión política que debilita la presencia pública en el interior. Para el Gobierno, es una reorganización inevitable en un contexto económico restrictivo.

Mientras tanto, la denuncia por el supuesto “departamento vip” en la Casa Central del banco funciona como un símbolo potente: condensa en una imagen simple —cajeros que se van, “habitaciones” que se construyen— un discurso opositor que busca instalar la idea de privilegios, desigualdad territorial y desconexión entre la dirigencia y las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Una narrativa que, más allá de su veracidad fáctica, ya se convirtió en una nueva bandera de confrontación política en Córdoba.