La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional entró en una zona de turbulencia política luego de las fuertes críticas generadas por uno de los artículos más controvertidos del proyecto aprobado en el Senado: el recorte salarial durante licencias por enfermedad. En medio de la creciente tensión social y la amenaza concreta de un paro general, el oficialismo decidió dar marcha atrás parcialmente y buscar una corrección del texto en la Cámara de Diputados.

La senadora Patricia Bullrich, referente clave del oficialismo y voz central del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, confirmó que el Gobierno impulsará modificaciones para que los casos más graves de enfermedad sigan percibiendo el 100% del salario. La marcha atrás no es menor: se trata del primer retroceso explícito del Ejecutivo en uno de los capítulos más sensibles de la reforma estructural que busca imponer Javier Milei.

En declaraciones televisivas, Bullrich detalló que la excepción plena de pago se aplicará únicamente a “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre que exista una “corroboración concreta y fehaciente” del cuadro médico. El mensaje buscó mostrar sensibilidad social, pero también marcar límites estrictos para evitar lo que el oficialismo define como abusos del sistema.

La presión sindical y el factor CGT

La corrección llega en un contexto de alta conflictividad social. La conducción de la CGT se reúne este lunes para definir si convoca a un paro general en rechazo a la reforma laboral, una posibilidad que ya opera como factor de presión directa sobre la Casa Rosada.

El recorte salarial por licencias médicas se convirtió en el eje simbólico del rechazo al proyecto, al ser leído por amplios sectores como una regresión directa en derechos laborales históricos. La amenaza de una medida de fuerza nacional aceleró los tiempos políticos y obligó al Gobierno a recalcular su estrategia parlamentaria.

El dilema en Diputados: modificar sin que vuelva al Senado

El artículo cuestionado fue incorporado a último momento en el Senado, generando incomodidad incluso entre bloques aliados. Ese agregado inesperado no solo tensó la relación con la oposición dialoguista, sino que abrió un problema institucional: cualquier modificación sustancial en Diputados implica el retorno automático del proyecto a la Cámara alta, retrasando su sanción definitiva.

Para evitar ese escenario, el oficialismo evalúa una jugada política de alto riesgo: que los legisladores acepten un “compromiso político” para no modificar el texto durante el debate en el recinto y que la corrección se introduzca luego, vía reglamentación del Poder Ejecutivo. Una estrategia que permitiría evitar el regreso al Senado, pero que deja en evidencia un problema de fondo: la fragilidad institucional de una ley que podría aprobarse con artículos polémicos bajo la promesa de ser corregidos después.

El apuro tiene una razón política concreta: Milei quiere llegar al 1 de marzo, fecha de su discurso de apertura de sesiones ordinarias, con la ley de reforma laboral ya sancionada, como símbolo de poder político y capacidad de reforma.

El Artículo 208: el núcleo del conflicto

El foco de la polémica está en la modificación del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado establece que, ante un accidente o enfermedad no laboral:

• El trabajador cobrará solo el 50% del salario si el hecho fue producto de una “actividad voluntaria y consciente del riesgo”.
• Percibirá el 75% si no existió intención ni conducta riesgosa.

El propio Gobierno ejemplificó el criterio con el caso de “lesionarse jugando al fútbol”, lo que generó una ola de críticas por banalizar situaciones médicas complejas y abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.

La justificación oficial: “mafias de certificados”

Para defender el espíritu del recorte, Bullrich denunció la existencia de una supuesta “mafia de certificados truchos” a nivel nacional, que —según el discurso oficial— perjudica a las empresas y distorsiona el sistema laboral. La narrativa del fraude funciona como sostén ideológico del ajuste, pero no logró frenar la reacción social ni política.

Un retroceso táctico, no un cambio de rumbo

La corrección anunciada no implica un cambio estructural en la lógica de la reforma, sino un ajuste táctico frente al costo político. El Gobierno intenta preservar el núcleo del proyecto, reducir el conflicto social inmediato y evitar un paro general, sin resignar el relato de “modernización” y “ordenamiento” del sistema laboral.

El problema de fondo persiste: una reforma construida con artículos introducidos a último momento, ingeniería legislativa forzada y promesas de corrección posterior. Un esquema que debilita la legitimidad política del proyecto y expone una lógica de gestión basada más en la urgencia política que en la solidez institucional.

Mientras tanto, el escenario sigue abierto: Diputados, la CGT, los bloques aliados y la presión social definirán si el retroceso oficial es suficiente para desactivar el conflicto o si la reforma laboral se convierte en el primer gran frente de desgaste político del gobierno de Milei en 2026.