La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, con un resultado contundente: 149 votos afirmativos, 100 negativos y 7 ausencias. El eje más polémico de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación estructural del sistema penal argentino que reabre un debate histórico entre seguridad, derechos y políticas de inclusión.
La sesión, que se extendió por horas, estuvo atravesada por una fuerte carga simbólica y emocional. En los palcos, familiares de víctimas del delito siguieron el debate, convirtiendo el recinto en un escenario donde se mezclaron argumentos técnicos, posicionamientos ideológicos y testimonios atravesados por el dolor.
Qué establece el nuevo régimen
El proyecto aprobado introduce cambios profundos en el abordaje de los delitos cometidos por menores:
- Baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
- Prohibición absoluta de convivencia entre menores y adultos en centros de detención.
- Creación de institutos especializados para el cumplimiento de penas.
- Sistema de sanciones alternativas a la prisión, orientadas a la reinserción social.
- Reconocimiento explícito de derechos para las víctimas dentro del proceso penal juvenil, una demanda sostenida por organizaciones civiles y asociaciones de familiares.
Desde el oficialismo, la narrativa dominante fue la de un “nuevo paradigma” que busca combinar sanción penal, contención institucional y reparación simbólica para las víctimas.
Financiamiento: el punto sensible de la negociación
Uno de los aspectos más tensos fue el económico. El texto final incorporó una partida presupuestaria específica de $23.739 millones para implementar el nuevo sistema. Este punto fue clave para destrabar la negociación entre Nación y provincias, pero dejó grietas abiertas.
Desde el cordobesismo advirtieron que el monto es claramente insuficiente. El diputado Juan Fernando Brügge comparó esa cifra nacional con el costo del complejo juvenil “Papa Francisco” en Córdoba, cuya inversión ronda los $18.000 millones para alojar apenas 150 jóvenes, exponiendo la brecha entre el discurso normativo y la capacidad real de implementación.
Córdoba: apoyo mayoritario y fisuras internas
La delegación cordobesa votó mayoritariamente a favor del proyecto: 16 votos afirmativos y solo 2 negativos.
Bloque alineado con Llaryora
El espacio político vinculado al gobernador Martín Llaryora acompañó en bloque la iniciativa. Votaron por la afirmativa:
- Carlos Gutiérrez
- Ignacio García Aresca
- Juan Fernando Brügge
- Alejandra Torres
Brügge justificó el acompañamiento afirmando que “la evidencia lleva a ver que se cometen delitos donde participan menores” y sostuvo que los 14 años están “en armonía normativa con la región”, una frase que revela la estrategia discursiva: legitimar la reforma desde parámetros comparados y no solo desde la demanda social por seguridad.
El debut de Schiaretti
Uno de los datos políticos más relevantes fue el voto afirmativo de Juan Schiaretti, en su debut legislativo dentro del bloque Provincias Unidas, alineándose con el esquema general de apoyo al proyecto.
Disciplina libertaria
La Libertad Avanza mostró cohesión total. Los diputados cordobeses del espacio, encabezados por Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, votaron sin fisuras, consolidando una imagen de disciplina interna que contrasta con la fragmentación de otros bloques.
Las voces en contra: el peronismo como núcleo de resistencia
El rechazo cordobés provino exclusivamente del peronismo:
- Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) fue tajante: “Si estamos discutiendo esta ley es porque el Estado falló. Esto no previene la inseguridad, el número del delito juvenil es ínfimo”.
- Gabriela Estévez (Unión por la Patria) fue aún más dura: “Este proyecto busca seguir reprimiendo a un pueblo hambreado”,
y denunció el desmantelamiento de políticas de protección a la niñez.
El discurso opositor se estructuró en torno a una idea central: la baja de imputabilidad no resuelve la inseguridad, sino que desplaza el foco desde las causas estructurales hacia una respuesta punitiva.
El caso Sperani y la dimensión simbólica del debate
El debate estuvo atravesado por la referencia constante al caso de Joaquín Sperani, el joven asesinado en 2023 en Laboulaye por un amigo inimputable por su edad.
Gabriel Bornoroni lo mencionó de forma directa:
“Como cordobés, puedo decir en nombre de los padres de Joaquín el dolor que se siente perder a un hijo y después ver a esa persona caminando por la calle como si no le hubiera pasado nada”.
Laura Rodríguez Machado reforzó esa línea discursiva:
“Entre los 12 y los 14 años, un menor tiene absoluto conocimiento de que está cometiendo un hecho ilícito”.
El oficialismo construyó así un relato emocional que legitima la reforma no solo desde la política criminal, sino desde la reparación simbólica a las víctimas.
Qué dice la ley, en términos concretos
- Imputabilidad penal desde los 14 años.
- Prohibición de alojamiento en cárceles comunes.
- Institutos especializados con enfoque en reinserción.
- Convenios Nación–provincias para traslado de adolescentes.
- Sistema mixto de penas: prisión + sanciones alternativas.
El proyecto original del Gobierno proponía bajar la edad a 13 años, pero el acuerdo político con bloques dialoguistas (PRO y UCR) fijó el piso en 14, mostrando que la ley es también producto de una negociación política, no solo de una definición ideológica.
Cómo sigue el trámite
Con la media sanción asegurada, el proyecto pasa al Senado. El oficialismo busca convertirlo en ley a fines de febrero, en una sesión que podría incluir también la discusión de la nueva Ley de Glaciares.
El resultado (149 a 100) le da al Gobierno un margen político amplio y marca su segunda victoria legislativa consecutiva, consolidando una dinámica parlamentaria donde la oposición aparece fragmentada y el oficialismo logra articular mayorías transversales.
Seguridad, narrativa y poder
Más allá del contenido jurídico, la ley expresa una tendencia clara:
- Centralidad de la agenda de seguridad en la política nacional.
- Construcción simbólica del delito juvenil como problema prioritario.
- Reconfiguración del rol del Estado, más punitivo que preventivo.
- Traslado de costos a las provincias, con financiamiento insuficiente.
La baja de la imputabilidad no es solo una reforma penal: es una definición política y cultural sobre cómo el Estado argentino decide responder al delito, al conflicto social y a la presión de la opinión pública.
Con media sanción en Diputados, el debate entra ahora en su fase más delicada: el Senado. Y allí ya no se discutirá solo una ley, sino un modelo de sociedad.
Diario Mystica Cba 