La escena política cordobesa sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión, ruido y reproches cruzados. Luis Juez, senador nacional y figura histórica de la oposición al peronismo provincial, decidió “entrar al barro” y aceptar lo que en el propio oficialismo se leyó como una invitación directa del gobernador Martín Llaryora: subir el tono del conflicto y empujar la disputa hacia el terreno de las acusaciones personales, las sospechas políticas y la fragmentación opositora.

El disparador fue su participación en el streaming que conduce el concejal peronista Diego Casado. Fiel a su estilo confrontativo, Juez desplegó un repertorio completo: críticas al Gobierno provincial, cuestionamientos al recambio generacional del PJ, elogios velados a la “generación saliente” del peronismo y mensajes cifrados hacia el propio Llaryora. Pero el eje más ruidoso no estuvo en el oficialismo, sino en la oposición.

Allí apuntó contra quien fue su principal aliado en 2023: Rodrigo de Loredo. La acusación fue directa y explosiva. Según Juez, el dirigente radical habría pactado con el peronismo no integrar la fórmula provincial a cambio de que el PJ le allanara el camino hacia el Palacio 6 de Julio. Más aún: dejó flotando la idea de un “juego para atrás” deliberado, al sostener que mientras él se concentró en el interior provincial, terminó perdiendo la elección en la capital, un territorio que —según ese relato— era responsabilidad política de De Loredo.

La gravedad política de la denuncia no está en el tono —habitual en Juez— sino en el contenido: plantea un acuerdo subterráneo entre radicalismo y peronismo que, de ser cierto, reescribiría por completo la narrativa de la elección de 2023. Sin embargo, los datos electorales y el desarrollo de la campaña chocan de frente con esa versión.

En primer lugar, la campaña del peronismo contra De Loredo en la ciudad de Córdoba fue abierta, dura y frontal, y terminó con una derrota clara del radical. No hubo gestos de convivencia política ni señales de protección: hubo confrontación directa y triunfo oficialista. El supuesto acuerdo, en los hechos, no se verificó.

La segunda parte de la acusación también muestra fisuras. El Frente Cívico históricamente construyó su fortaleza en la capital y su zona de influencia, no en el interior profundo. De hecho, la elección de Marcos Carasso como vice respondió a una lógica clara: blindar el acuerdo con la estructura territorial de la UCR, cuyo principal aporte era precisamente su despliegue en el interior provincial. Los números tampoco acompañan la tesis del “juego de brazos caídos”: De Loredo perdió la elección municipal por siete puntos, la misma diferencia que separó a Llaryora de Juez en la capital un mes antes. No hay, en los resultados, evidencia estadística de una traición política.

Aun así, el radicalismo eligió no responder. No con argumentos, no con desmentidas, no con comunicados. Nada. De Loredo optó por el silencio político: un posteo a favor de la reforma laboral en su feed y contenido liviano en redes sociales. Desde su entorno, además, fue explícito el mensaje: no habrá respuesta a las acusaciones de Juez, al menos por ahora.

La decisión no es ingenua. Es estratégica. Entrar en el barro implica aceptar el encuadre que propone el oficialismo: una oposición fragmentada, peleada consigo misma, incapaz de ordenar liderazgos y construir una alternativa sólida hacia 2027. Ese encuadre fue explícito en la apertura de sesiones legislativas, cuando Llaryora atacó a Juez acusándolo de obstruccionismo y lo presentó como un “aliado funcional” del narcotráfico, mientras ninguneaba al radicalismo al recordar la ausencia de diputados cordobeses y pronosticar un declive partidario en la provincia.

La foto posterior —Bornoroni, De Loredo y Juez juntos— no fue casual ni inocente: fue un gesto institucional que buscó igualar a los opositores, colocarlos en el mismo plano y diluir jerarquías, liderazgos y roles.

El objetivo del oficialismo es claro: impedir que la oposición ordene una arquitectura política competitiva, con liderazgos definidos y una estrategia común. Para eso, la fragmentación, la sospecha interna y el conflicto cruzado son funcionales. Juez, experto en el ‘infight’ político, ya aceptó ese juego. De Loredo, por ahora, no.

El escenario que se abre es el de una oposición partida en dos lógicas: una, basada en la confrontación directa, el golpe discursivo y la exposición mediática; otra, anclada en el silencio táctico, la construcción de perfil y la espera estratégica. En ese contraste se juega algo más que una pelea personal: se juega el liderazgo real de la oposición cordobesa y la posibilidad —o no— de construir una alternativa sólida al peronismo provincial.

Mientras tanto, el oficialismo observa. Y capitaliza. Porque en política, cuando los adversarios se disputan entre ellos, el poder casi nunca pierde: administra. Y gana tiempo.