El conflicto por los cuidacoches volvió al centro de la agenda pública en Córdoba, empujado por una combinación explosiva: cobros cada vez más elevados, expansión de “naranjitas” sin autorización en barrios residenciales, superposición con el sistema de estacionamiento medido y una ausencia casi total de control estatal. En ese escenario, un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone declarar la emergencia en materia de estacionamiento y avanzar en un esquema transitorio de regulación con un plazo de salida de ocho meses para la actividad.

La iniciativa, impulsada por el legislador Dante Rossi, no plantea una prohibición inmediata, sino un proceso de ordenamiento progresivo que combine regulación, reubicación, control y reconversión laboral. El objetivo explícito es reducir el conflicto urbano, terminar con el cobro ilegal y diferenciar situaciones sociales de hechos delictivos, en un tema que hoy mezcla informalidad, precariedad y violencia simbólica —y en algunos casos física— sobre los vecinos y automovilistas.

Un sistema fragmentado y sin control real

Rossi describió un escenario caótico, donde conviven múltiples realidades bajo una misma etiqueta. “Hay naranjitas totalmente ilegales, que son los que están en la zona donde el sistema de estacionamiento es medido. Vos le tenés que pagar a la Municipalidad el estacionamiento y aparte al naranjita, y eso pasa en la zona del microcentro”, afirmó.

A esa situación se suma un segundo grupo: cuidacoches habilitados, regulados por el municipio, con tickets oficiales y cobro por hora. Y un tercero, cada vez más extendido, en barrios residenciales de alta demanda como el Cerro de las Rosas, donde la actividad se desarrolla sin ningún tipo de autorización ni tarifa, con valores arbitrarios y, en muchos casos, bajo una lógica de presión informal.

La falta de un esquema único de control, sumada a la inacción municipal, terminó generando un sistema de doble cobro, zonas liberadas y un clima de conflicto permanente entre vecinos, comerciantes, automovilistas y cuidacoches.

Emergencia, regulación y cronograma de salida

El proyecto propone declarar la emergencia en el estacionamiento urbano y aplicar un esquema transitorio con fecha de vencimiento. “Declaramos la emergencia en materia de estacionamiento en la ciudad, ponemos un plazo máximo para que no existan más naranjitas de ocho meses, sacamos inmediatamente a los naranjitas del cobro doble donde está el sistema de estacionamiento medido y los reubicamos a todos con un ticket”, explicó Rossi.

La lógica es clara: ordenar ahora, reconvertir después. Durante el período de transición, los cuidacoches serían incorporados a un sistema formal, con identificación, control y reglas claras, mientras se avanza en su salida definitiva de la actividad.

Tope de tarifas y freno al “abuso” en espectáculos

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el tope obligatorio de cobro. Rossi detalló que el esquema fija un máximo de 500 pesos por hora y un tope de 2.500 pesos en eventos y espectáculos, donde hoy los valores pueden llegar —según denuncias vecinales— a 10.000 o 20.000 pesos por vehículo.

La propuesta busca frenar una práctica que se volvió habitual: el cobro extorsivo en recitales, canchas y eventos masivos, donde el estacionamiento se transforma en un negocio informal de alta rentabilidad sin ningún tipo de control estatal.

Además, el proyecto establece un filtro clave: solo podrían ser incluidos en el esquema transitorio quienes cuenten con certificado de buena conducta, dejando afuera a personas con antecedentes penales. La distinción entre vulnerabilidad social y delito aparece como eje central de la iniciativa.

Capacitación y salida laboral

Más allá del ordenamiento inmediato, la propuesta incorpora una dimensión social: la reconversión laboral. “Ponemos en práctica programas de empleo entre la Provincia y la Ciudad y tratamos de capacitarlos en esos ocho meses”, explicó el legislador.

La idea es que el esquema no se limite a regular la informalidad, sino que funcione como puente hacia trabajos formales, evitando que el problema se traslade de un punto de la ciudad a otro sin solución estructural.

Rossi fue explícito en rechazar una salida simplista: “Hay situaciones y situaciones. Hay naranjitas que son delincuentes y hay otros a los que hay que brindarles alguna solución porque es el sustento de vida en un momento tan complicado”.

Incluso relató un caso concreto que expone la complejidad social del fenómeno: una mujer de 78 años, con cáncer, que trabaja como cuidacoches porque es su único ingreso.

Un Estado municipal ausente

En el cierre de sus declaraciones, Rossi apuntó directamente contra la Municipalidad de Córdoba. “El gran problema acá es que la Municipalidad está totalmente ausente. La Municipalidad no genera ningún tipo de respuesta ni solución”, sostuvo.

La crítica no es menor: el conflicto de los naranjitas es, en esencia, un problema de gestión urbana, control territorial y política social. La falta de un padrón confiable, de inspecciones sistemáticas y de una política integral convirtió al espacio público en una zona gris donde rige la ley del más fuerte o del más organizado informalmente.

¿Solución real o parche transitorio?

El proyecto abre un debate inevitable: si la emergencia y la regulación transitoria son un verdadero camino de salida o apenas un ordenamiento parcial de un problema estructural. La propuesta no prohíbe de inmediato, no erradica la actividad de un día para otro y no criminaliza automáticamente a todos los cuidacoches. Pero tampoco resuelve, por sí sola, el fondo del problema: la precarización laboral, la economía informal y la ausencia de políticas urbanas integrales.

En ese marco, la iniciativa de Rossi aparece como una respuesta intermedia: ni prohibición dura ni laissez faire, sino un esquema de control, transición y reconversión. La incógnita central no está tanto en el texto del proyecto, sino en su implementación real: controles efectivos, voluntad política y coordinación entre Provincia y Municipio.

Porque sin un Estado presente, el conflicto de los naranjitas no se ordena: se desplaza, se recicla y se agrava. Y la calle, una vez más, termina siendo el escenario donde la ausencia de políticas públicas se convierte en problema social cotidiano.