El cierre progresivo de sucursales y cajeros automáticos del Banco de Córdoba en distintos puntos de la provincia empieza a dejar de ser un dato técnico para transformarse en un problema social de fondo. Según denunció el legislador Matías Gvozdenovich, el sistema financiero provincial ya no tendrá operativo ni siquiera el 50% de su red de cajeros, producto de una política de reducción de infraestructura que impacta de lleno en los sectores más vulnerables.
Lejos de tratarse de una reconfiguración administrativa, el recorte tiene consecuencias concretas: jubilados, pensionados, trabajadores y vecinos del interior profundo deberán recorrer kilómetros para poder cobrar sus haberes. En un contexto económico ya atravesado por inflación, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo, la eliminación de servicios básicos no hace más que profundizar la desigualdad territorial y social.
“La provincia mira para otro lado y castiga a los que menos tienen”, planteó Gvozdenovich, al cuestionar la pasividad del Gobierno frente al achicamiento operativo del Banco de Córdoba. En ese marco, apuntó directamente al presidente de la entidad, Raúl José Paolasso, quien habría planteado la necesidad de que el banco “mantenga cercanía y confianza con el público”. Sin embargo, la realidad parece ir en sentido contrario.
La estrategia que genera mayor tensión política es la decisión de trasladar el costo operativo de los cajeros a los municipios. Según lo denunciado, Bancor pretende que sean los intendentes quienes asuman el mantenimiento de los dispositivos, con costos que superan los 1.700 dólares mensuales por cajero. En los hechos, el banco se retira del territorio, pero le transfiere la factura a los gobiernos locales, muchos de ellos con presupuestos limitados y ya sobrecargados por la crisis fiscal.
Esto no solo redefine el rol del sistema financiero público provincial, sino que introduce una lógica de descentralización forzada del ajuste: el Estado provincial reduce su presencia, el banco achica estructura, y los municipios quedan atrapados entre la demanda social y la falta de recursos.
Desde la Legislatura, Gvozdenovich anticipó una ofensiva institucional mediante pedidos de informe y proyectos de resolución para exigir que se mantengan los cajeros automáticos y se sostenga la atención bancaria en cada localidad. El objetivo, según expresó, es frenar un proceso que profundiza el vaciamiento del interior y consolida un modelo de provincia cada vez más concentrado en los grandes centros urbanos.
“El cierre de cajeros no es una cuestión técnica: es una decisión política”, señalan cerca del legislador. Y el mensaje es claro: un Estado que abandona a los jubilados, que deja sin servicios esenciales a comunidades enteras y que se corre de sus responsabilidades básicas no gobierna, deserta.
La discusión trasciende al sistema bancario. Lo que está en juego es el modelo de presencia estatal en el interior provincial, la igualdad de acceso a servicios básicos y el rol de las instituciones públicas en un contexto de crisis. Mientras el discurso oficial habla de modernización y eficiencia, en los pueblos la realidad es más simple: menos servicios, más distancia y más costos para los vecinos.
Gvozdenovich fue contundente al cerrar su posicionamiento:
“No estamos acá para poner palos en la rueda. Estamos para controlar, para que las leyes se cumplan y para hacerle la vida más fácil a cada vecino de la provincia. Y aunque el gobernador quiera, no nos vamos a callar. 26 años de peronismo son demasiado.”
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