La disputa por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei ya se trasladó a la calle en Córdoba, y lo hizo con una señal política clara: los gremios decidieron personalizar la presión y marcar públicamente a los tres senadores que representan a la provincia en el Congreso. En la noche del domingo, banderas con mensajes directos aparecieron en sedes partidarias, espacios privados y puntos simbólicos vinculados a Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, en la antesala de lo que se espera sea una sesión clave el próximo miércoles en el Senado.

El episodio no fue aislado ni espontáneo. Llega después de la masiva movilización sindical del jueves pasado en la capital cordobesa, que contó con la presencia de dirigentes del sindicalismo nacional, y también tras el malestar abierto de la CGT con el gobernador Martín Llaryora por una reunión que nunca se concretó y que todavía acumula versiones cruzadas. En ese marco, la presión sindical escaló del plano discursivo al terreno simbólico y territorial.
Mensajes directos y blancos definidos
La senadora Alejandra Vigo fue una de las primeras destinatarias del mensaje. En la sede del PJ cordobés, ubicada en pleno centro de la ciudad, apareció una bandera con la consigna:
“Vigo no seas cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral”.
La elección del lugar no fue casual: el edificio partidario se convirtió en los últimos días en un punto de referencia de reuniones entre el oficialismo provincial y sectores gremiales alineados al llaryorismo.
El segundo blanco fue Luis Juez. En una de las sedes del Frente Cívico —ubicada en Barrio Providencia y que supo ser su domicilio personal— colgaron otra bandera con un mensaje aún más directo:
“Juez nunca laburaste. No cagues a los que sí con la #LeyDeChoreoLaboral”.
El lugar también tiene carga simbólica: aunque Juez ya no vive allí y se mudó a un country de la zona sur, la sede funciona como referencia política de su espacio, hoy alineado estratégicamente con el gobierno nacional.
Para Carmen Álvarez Rivero, el mensaje se colocó en un punto que combina visibilidad pública y poder económico: la puerta de uno de los shoppings ubicados dentro del predio del hotel cinco estrellas propiedad de su familia.
La consigna fue explícita:
“La dueña de esto se caga en los laburantes. Senadora Álvarez Rivero cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral”.
Tres senadores, tres posicionamientos
El trasfondo político es claro. De los tres senadores por Córdoba, dos votos ya están prácticamente definidos: tanto Juez como Álvarez Rivero acompañarían el proyecto de reforma laboral de Milei sin fisuras. La incógnita sigue siendo Alejandra Vigo.
En su caso, la presión no solo apunta a su rol parlamentario sino a su posición política estructural: su vínculo histórico con el sindicalismo, su rol en el sindicato de Amas de Casa, las recientes reuniones con la Cámara de Comercio, y el entramado de relaciones del schiarettismo con el llamado Círculo Rojo. Todo eso la ubica en una zona de ambigüedad política que hoy es leída por los gremios como un espacio a disputar.
No es casual que la presión se haya materializado en la sede del PJ, pocos días después de una reunión entre gremios afines al llaryorismo y el presidente del partido en Córdoba, Facundo Torres, quien además es jefe del bloque oficialista en la Unicameral. La señal es doble: hacia el Senado y hacia el poder político provincial.
La calle como anticipo del conflicto institucional
Más allá del resultado de la votación, el mensaje sindical es estratégico: la reforma laboral no se discute solo en el recinto, se disputa en el territorio. Y Córdoba, por su peso político y por la posición ambigua del cordobesismo, se convierte en un escenario clave.
En los círculos gremiales ya circula una advertencia clara: si el Gobierno logra la media sanción en el Senado, la presión se trasladará con mayor intensidad a la Cámara de Diputados, donde los legisladores cordobeses volverán a quedar bajo la lupa.
La escena del domingo funciona, así, como un anticipo del clima político que viene:
una reforma estructural impulsada desde la Casa Rosada, una dirigencia provincial atrapada entre equilibrios de poder y vínculos económicos, y un sindicalismo que empieza a abandonar la lógica defensiva para pasar a la confrontación directa.
La disputa ya no es solo legislativa. Es política, simbólica y territorial. Y Córdoba volvió a quedar en el centro del tablero.
