El debate por la realización del acto de apertura de sesiones ordinarias fuera de la ciudad de Córdoba dejó este miércoles una sesión cargada de tensión política, reproches cruzados y un clima claramente atravesado por la antesala electoral. Bajo la bandera del “federalismo real”, el oficialismo logró aprobar el proyecto del Ejecutivo que institucionaliza, por un plazo de diez años, la realización del acto inaugural en distintas localidades del interior provincial incluidas en el Plan de Igualdad Territorial impulsado por el gobierno de Martín Llaryora. La oposición, en bloque mayoritario, denunció “demagogia”, “avasallamiento institucional” y un avance del Poder Ejecutivo sobre atribuciones propias del Legislativo.

La iniciativa, compuesta por cuatro artículos dispositivos y uno de forma, fue presentada por el PJ como una herramienta simbólica y política que busca consolidar una visión federal de la gestión. Sin embargo, para gran parte de la oposición se trata de una ley innecesaria, de alto contenido electoral y que corre los límites de la división de poderes, al establecer por norma lo que consideran una facultad exclusiva de la Legislatura.

El miembro informante del proyecto, Matías Chamorro (Hacemos Unidos por Córdoba), defendió el espíritu de la ley poniendo el foco en su dimensión institucional y simbólica. Rechazó los cuestionamientos por el costo fiscal y afirmó que no se trata de un gasto sino de una inversión democrática. “Reducir el debate a una cuestión de costos es bajarle el precio a la democracia”, sostuvo el legislador socialista, al tiempo que destacó que la norma funciona como complemento del Plan de Igualdad Territorial. Para el oficialismo, la presencia del gobernador rindiendo cuentas en distintos puntos de la provincia expresa un modelo de gestión que piensa el desarrollo “desde las periferias”.

En la misma línea se expresaron Edgardo Russo y Juan Manuel Llamosas, quienes remarcaron que la ley busca institucionalizar una práctica y evitar que la decisión quede sujeta a la voluntad circunstancial de cada gobernador. “No es demagogia, es federalismo provincial ejercido con responsabilidad”, afirmó Russo. Llamosas, con un tono más confrontativo, sostuvo que “empezó el año electoral para la oposición” y lanzó una frase que encendió el recinto: “Odian a esa Córdoba que no los elige… y nosotros amamos a Córdoba toda”.

Desde la oposición, las críticas fueron transversales. El radical Mauricio Jaime cuestionó la necesidad de una ley para sesionar en el interior y advirtió que el conocimiento del territorio no se construye con actos simbólicos. “No hace falta una ley para entender las carencias del transporte o del sistema energético”, señaló, marcando distancia con el relato oficialista.

Más duro fue el juecista Walter Nostrala, quien calificó el discurso del gobernador como “destemplado” y denunció un claro avasallamiento institucional. “Quien define dónde sesiona la Legislatura es la Legislatura, no el gobernador”, disparó, y vinculó la iniciativa con el reciente allanamiento al Tribunal de Cuentas. “Les jode que se los controle… lo vamos a hacer hasta el último día”, lanzó, asegurando que “se le está terminando el ciclo al PJ”.

El eje institucional atravesó buena parte del debate. El vecinalista Gerardo Grosso consideró “improcedente y riesgoso” votar una ley con tanta carga política y advirtió que se están delegando facultades propias del Poder Legislativo en el Ejecutivo. Desde el PRO, Oscar Agost Carreño logró introducir un artículo que establece criterios de austeridad y racionalidad del gasto, mientras que el radical Carlos Briner sostuvo que el federalismo no se reglamenta por ley, sino mediante una distribución equitativa de los recursos.

Las intervenciones más filosas llegaron desde el juecismo y los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Gregorio Hernández Maqueda acusó al gobernador de haber pronunciado un “discurso cobarde” y autoritario, mientras que Alejandra Ferrero calificó la iniciativa como “populista” y propia de “gobiernos en retirada”. “No es federalismo montar escenarios y viajar; federalismo es respetar autonomías y distribuir recursos”, sentenció la legisladora deloredista.

La tensión escaló aún más cuando Miguel Nicolás, Walter Gispert y Viviana Martoccia denunciaron un avance del Ejecutivo sobre los organismos de control. La frase “les molesta que los controlemos” terminó de encender el recinto y obligó a la vicegobernadora Myrian Prunotto a intervenir para ordenar el debate ante los reproches cruzados.

El cierre político quedó en manos de Facundo Torres, jefe del bloque oficialista, quien acusó a la oposición de anticipar la campaña electoral y buscar desgastar al gobierno. Negó que la ley vulnere la división de poderes y habló de una “catarsis opositora” en la antesala del proceso electoral de 2027. “Olvídense de que el próximo año hay elecciones”, les espetó a los sectores más duros, cuestionando lo que definió como “mala leche” en las críticas por el gasto.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en general y en particular a mano alzada. El oficialismo contó con el acompañamiento de los dos legisladores del PRO, Construyendo Córdoba, la aliada capitanista Karina Bruno, la radical escindida Graciela Bisotto y los cuatro radicales departamentales de las regiones priorizadas por la ley.

Votaron en contra la mayoría del bloque UCR conducido por Matías Gvozdenovich, el juecismo encabezado por Nostrala, el liberal mileísta Hernández Maqueda, la legisladora Patricia Botta, el libertario autónomo Agustín Spaccesi y el vecinalista Grosso. La izquierda optó por la abstención.

Más allá del resultado, la sesión dejó una señal inequívoca: el debate sobre el federalismo, el rol de las instituciones y los límites del Poder Ejecutivo ya quedó plenamente inscripto en la lógica del año preelectoral en Córdoba, anticipando un clima de confrontación política que promete escalar rumbo a 2027.