En la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, previsto para comenzar el próximo 11 de febrero, los gobernadores volverán a reunirse este miércoles con un objetivo central: fijar una postura común frente a una iniciativa del Gobierno nacional que, más allá de los cambios en el régimen de trabajo, amenaza con impactar de lleno en las finanzas provinciales.

El encuentro, que aún no tiene confirmada ni su modalidad ni la lista de participantes, podría realizarse en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o, alternativamente, de manera virtual. La indefinición expone el clima de cautela que atraviesa a las provincias, incluso entre aquellas administraciones con diálogo fluido con la Casa Rosada.

“Está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no”, reconoció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, al retirarse de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La frase resume el momento: conversaciones abiertas, pero sin certezas.

El punto impositivo que une a oficialistas y opositores

Aunque el debate público gira en torno a la flexibilización laboral, el verdadero nudo de la discusión para los gobernadores está en el capítulo impositivo. La propuesta del Ejecutivo nacional incluye una rebaja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, que pasaría del 35% al 31,5%, junto con una reducción de las contribuciones patronales.

Ese combo encendió alarmas transversales. Gobernadores opositores, pero también algunos mandatarios con cercanía política a La Libertad Avanza (LLA), coinciden en que la iniciativa compromete recursos clave para las provincias, que dependen en gran medida de la coparticipación de Ganancias para sostener sus presupuestos.

Desde las administraciones provinciales estiman que el impacto fiscal superaría los 3 billones de pesos, una cifra que contrasta con la mirada del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda relativizó el efecto inmediato y aseguró que la merma recién se sentiría en 2027 y rondaría los 1,5 billones de pesos. La diferencia de diagnósticos no es menor y anticipa un conflicto político de fondo.

Senado, votos y un consenso que no cierra

Mientras los gobernadores afinan su estrategia, el oficialismo acelera en el Congreso. La presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este martes que junto a bloques dialoguistas se solicitó una sesión especial para el 11 de febrero con el objetivo de avanzar en el debate de la reforma laboral.

Según Bullrich, existe acuerdo en el 95% de los puntos del proyecto con las fuerzas que acompañarán la iniciativa. “Creemos que tenemos los votos”, afirmó ante la prensa, tras una reunión con referentes parlamentarios como Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), entre otros.

Sin embargo, el respaldo legislativo no garantiza paz con las provincias. Para muchos gobernadores, el recorte de ingresos vía Ganancias reabre una discusión estructural sobre el reparto de recursos y el rol del Estado nacional, en un contexto de ajuste que ya viene tensionando las relaciones federales.

Un frente provincial en construcción

La reunión de este miércoles aparece, así, como una instancia clave para medir hasta dónde están dispuestos a llegar los mandatarios provinciales en su resistencia a la reforma. Con posturas diversas sobre el régimen laboral, pero un interés común en defender sus cajas, los gobernadores exploran un frente de presión que podría condicionar el trámite legislativo.

En un escenario donde el Gobierno apuesta a mostrar gobernabilidad y consenso político, el rechazo provincial a los cambios impositivos amenaza con convertirse en el principal escollo de una reforma que, por ahora, avanza con más velocidad en los discursos que en los acuerdos reales.