La polémica por el freno a la licitación para la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba sumó este miércoles un episodio de alto voltaje institucional. Tras la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la Justicia ordenó un allanamiento en la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia, un hecho inédito que tensó aún más la relación entre el Ejecutivo y el organismo de control.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Tomás Casas y se llevó a cabo en el edificio del Tribunal, ubicado en Rivera Indarte al 33, en el marco de una causa que investiga el accionar del cuerpo de control que resolvió frenar una licitación por más de 7 millones de dólares. Desde el oficialismo provincial, el foco está puesto en una presunta extralimitación de funciones por parte del Tribunal, al haber cuestionado no solo la legalidad sino también la oportunidad y conveniencia de la compra.

Sin embargo, desde el organismo de control la lectura es diametralmente opuesta. El presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, expresó su sorpresa por la medida judicial y deslizó una fuerte crítica política. “Nos llama la atención porque el Tribunal de Cuentas cuenta con inmunidades. Nos requieren información respecto a la compra de drones y este expediente no está en el Tribunal hace más de un mes”, señaló tras el allanamiento.

Corvalán fue más allá y habló abiertamente de un intento de presión institucional. “Creemos que se trata de un avasallamiento contra otro poder del Estado para que no sigamos con las investigaciones”, afirmó. Además, subrayó el carácter excepcional del hecho: “Hace 150 años que existe el Tribunal y es la primera vez en la historia que pasa esto. Nos están intentando amedrentar, pero vamos a seguir controlando porque es un deber constitucional”.

Desde el Tribunal insistieron en despegarse de cualquier postura contraria a la incorporación de tecnología para la seguridad. “No estamos en contra de la compra de drones. Lo único que decimos es que se haga conforme a la ley. Compren lo que quieran, pero respeten la ley”, sostuvo Corvalán, quien calificó el allanamiento como un “apriete” que no modificará la postura del organismo.

Un conflicto con claro trasfondo político

El freno a la licitación cayó como un balde de agua fría en el oficialismo, que ve en la decisión del Tribunal un obstáculo en un área sensible como la seguridad. Según argumentó el Gobierno provincial, la denuncia impulsada por Quinteros apunta a determinar si el Tribunal de Cuentas se apartó de su rol técnico y legal para ingresar en consideraciones políticas.

El propio gobernador Martín Llaryora intervino públicamente en la disputa con un mensaje de tono duro: “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, lanzó, elevando el conflicto a una confrontación directa con el juecismo.

La respuesta no tardó en llegar. El senador nacional Luis Juez recogió el guante y, a través de la red social X, cuestionó la licitación impulsada por el Ejecutivo: “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”.

Así, la discusión por la compra de drones dejó de ser un debate técnico para transformarse en un nuevo capítulo de la disputa política e institucional en Córdoba, con la seguridad como telón de fondo y un interrogante abierto sobre los límites entre el control, la gestión y el uso del poder en un año clave para el reordenamiento político provincial.