La Legislatura de Córdoba volverá a abrir sus puertas este miércoles para dar inicio formal al período de sesiones ordinarias, en una escena que, aunque anticipa un temario sin sobresaltos inmediatos, estará inevitablemente atravesada por el eco político del discurso que el gobernador Martín Llaryora pronunció el domingo pasado en Laboulaye. Será la primera sesión ordinaria en el recinto principal y la segunda postal institucional de un ciclo legislativo que arranca marcado por la tensión entre el oficialismo y una oposición que ya dejó en claro que no dejará pasar sin respuesta los mensajes del Ejecutivo.

El orden del día aún no fue oficializado y todo indica que no habrá proyectos capaces de detonar cruces de alto voltaje en lo inmediato. Sin embargo, la disputa de fondo se jugará en otro plano: el de las señales políticas que dejó Llaryora en la apertura de sesiones y, sobre todo, en los proyectos de ley que el Ejecutivo comenzará a girar a la Unicameral en los próximos días. Iniciativas que, más allá de su contenido, funcionarán como termómetro del clima legislativo y del margen de maniobra real que tendrá el gobernador para avanzar con su agenda.

Uno de los anuncios que ya genera debate es el proyecto para institucionalizar que la apertura del período de sesiones ordinarias se realice, de manera sistemática, en localidades del interior incluidas en el Plan de Igualdad Territorial. La propuesta, presentada como un gesto de federalismo y equidad, se inscribe en la narrativa que el oficialismo busca consolidar: la de un gobierno decidido a corregir asimetrías históricas mediante obras públicas e inversiones estratégicas.

Según Llaryora, trasladar la apertura de sesiones al interior permitiría reforzar una mirada más federal y acercar la política provincial a los territorios postergados. No obstante, en los pasillos legislativos ya se escuchan voces que advierten que el gesto simbólico deberá ir acompañado de resultados concretos para no quedar reducido a una postal política más, en un contexto donde las desigualdades estructurales siguen siendo una deuda persistente.

El paquete más sensible, y probablemente el que concentre mayor nivel de discusión, estará vinculado a la seguridad. El gobernador anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior provincial y el envío de un proyecto de Ley Antibúnker o Antiaguantaderos. La iniciativa apunta a desarticular puntos de venta de drogas y espacios utilizados por organizaciones criminales, habilitando el retiro de delincuentes de inmuebles ocupados ilegalmente, la restitución de las propiedades a sus dueños y, eventualmente, la reconversión de esos lugares para fines sociales o comunitarios.

“El narcotráfico no admite ningún tipo de tolerancia. Las acciones deben ser directas y contundentes”, sostuvo Llaryora, al reclamar el acompañamiento de todos los espacios políticos para dejar en claro que en Córdoba “el narcotráfico no tiene aliados”. El mandatario recordó, además, la sanción de la Ley de Seguridad aprobada hace dos años, que permitió la puesta en funcionamiento de siete fiscalías antinarcotráfico en distintos puntos de la provincia. Para la oposición, el desafío estará en evaluar si estas nuevas herramientas se traducen en una estrategia integral o si vuelven a recostarse, principalmente, en una lógica punitiva.

Otro de los proyectos anunciados es la ley de protección integral de las víctimas del delito, una iniciativa que busca ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para quienes sufren hechos delictivos en Córdoba. La norma propone colocar en el centro la dignidad humana y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas, estableciendo obligaciones claras frente a quienes padecen un delito.

En ese tramo de su discurso, Llaryora agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, de Laboulaye, y de otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. Un gesto que fue leído como un intento de dotar de legitimidad social a una agenda sensible, aunque también abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir, en la práctica, con las garantías que promete en el papel.

El Ejecutivo también enviará a la Unicameral un proyecto de ley para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, orientado a fortalecer los controles y las condiciones de seguridad sobre internos considerados de máxima peligrosidad. Un tema que, sin dudas, volverá a poner bajo la lupa la situación del sistema penitenciario provincial y sus recurrentes falencias estructurales.

Finalmente, Llaryora anunció la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, que se financiará con un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta alcanzar los 10 mil millones de pesos. Los recursos estarán destinados a promover proyectos de innovación y emprendimientos dinámicos en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y el ecosistema emprendedor cordobés.

La primera sesión ordinaria del año, entonces, funcionará más como prólogo que como clímax. Un inicio sin estridencias formales, pero cargado de definiciones políticas que marcarán el pulso del debate legislativo en 2026. En ese escenario, el oficialismo buscará convertir anuncios en leyes, mientras la oposición se prepara para ejercer control y disputar el sentido de una agenda que, por ahora, se presenta ambiciosa, pero aún debe atravesar el filtro del recinto.