La denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, contra el Tribunal de Cuentas por haber frenado la compra de drones por US$ 6,8 millones abre un interrogante que va mucho más allá de la licitación cuestionada: ¿está el Ejecutivo dispuesto a tolerar los controles cuando estos incomodan o afectan decisiones sensibles de gestión?

El Gobierno provincial decidió escalar el conflicto institucional y judicializar una intervención clásica de un órgano de control, acusándolo de “extralimitación de funciones” y de un posible “abuso de autoridad”. Sin embargo, lejos de despejar dudas, la ofensiva de Quinteros parece confirmar que el problema de fondo no es la legalidad del accionar del Tribunal de Cuentas, sino el freno que éste impuso a una operación millonaria en un área tan delicada como la seguridad.

El expediente administrativo N.º 0002-050337/2025, que pretendía habilitar la compra de drones Harpia, fue observado por el Tribunal de Cuentas en ejercicio de su función preventiva de juridicidad. Ese rol —incómodo por definición— existe precisamente para evitar que decisiones del Ejecutivo se ejecuten sin un adecuado respaldo legal, técnico y presupuestario. Convertir ese control en un “ataque político” no solo tensiona el sistema institucional, sino que sienta un precedente peligroso: el mensaje implícito es que controlar puede tener costos penales.

Desde el oficialismo sostienen que el Tribunal habría evaluado criterios de “mérito, oportunidad o conveniencia”, algo supuestamente vedado a su competencia. No obstante, el comunicado evita explicar con precisión cuáles fueron las observaciones concretas que motivaron el freno de la licitación, ni por qué esas advertencias serían ilegítimas. La falta de transparencia en ese punto alimenta la sospecha de que el enojo no responde a una defensa de la división de poderes, sino a la imposibilidad de avanzar rápidamente con una compra que hoy está bajo la lupa política y social.

Quinteros optó por correr el eje del debate. En lugar de responder sobre el monto, el procedimiento, las condiciones técnicas o la razonabilidad del gasto en un contexto de endeudamiento provincial, eligió construir un relato de persecución y victimización. Habla de “campañas falaces”, de “agravios personales” y de un supuesto uso político de las instituciones, pero omite lo central: ¿por qué una compra estratégica de seguridad no logra superar el filtro básico del control estatal?

Más llamativo aún es que el ministro de Seguridad, responsable de garantizar legalidad y orden, acuse a un organismo constitucional de incurrir en delitos por cumplir su función. La paradoja es evidente: se denuncia al controlador por controlar. Y se judicializa un desacuerdo administrativo como si se tratara de una conspiración.

El argumento de que el freno “obstruye de manera indefinida la incorporación de tecnología de punta” también resulta forzado. El Tribunal de Cuentas no prohibió la compra de drones; simplemente observó el procedimiento. Si la licitación es sólida, transparente y ajustada a derecho, debería poder corregirse y avanzar. La reacción desmedida del Ejecutivo sugiere que las objeciones no eran menores.

En el trasfondo del conflicto aparece, además, la antesala del período legislativo 2026 y un clima político cada vez más cargado. Seguridad, endeudamiento y gasto público se consolidan como ejes de disputa, y el oficialismo parece haber elegido un camino riesgoso: convertir cualquier cuestionamiento en un ataque político y cualquier control en una afrenta institucional.

Lejos de fortalecer su posición, Quinteros queda expuesto como un ministro más preocupado por blindar decisiones que por explicar con claridad. En tiempos donde la demanda social es más transparencia y menos opacidad, denunciar al Tribunal de Cuentas no despeja sospechas: las profundiza.

Porque en definitiva, la pregunta sigue en pie y nadie en el Gobierno termina de responderla: si todo estaba en regla, ¿por qué tanto enojo con quien solo pidió revisar los papeles?