Después de más de medio siglo sin cambios, el Congreso de la Nación volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles del sistema penal argentino: la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y acompañada por distintos bloques, propone reducir la responsabilidad penal de los actuales 16 años a 14, e incluso a 13 o 12, según los distintos proyectos en discusión.

El tema recobró centralidad tras una seguidilla de crímenes cometidos por adolescentes que reactivaron la presión social y política para modificar un régimen considerado obsoleto. Esta vez, a diferencia de intentos anteriores, el debate parece tener posibilidades reales de avanzar y traducirse en una reforma concreta.

Un debate histórico que podría salir del archivo

El exjuez de menores Alberto Crucella, con décadas de trayectoria en el fuero, destacó que el escenario actual es inédito. “No importa solo lo que vamos a debatir, lo importante es que finalmente nos vamos a ocupar. Después de medio siglo, el Congreso discutirá el destino de nuestros niños”, afirmó, al remarcar que durante años los proyectos sobre imputabilidad quedaron atrapados en disputas ideológicas y nunca prosperaron.

Para Crucella, el punto de partida debe ser contextual y no dogmático. “No es lo mismo un chico de 15 años de hoy que uno de hace 50 años. Hoy sabe perfectamente distinguir lo malo de lo bueno: matar, robar o violar”, sostuvo. Desde su perspectiva, los profundos cambios sociales, culturales y tecnológicos dejaron desactualizado el régimen vigente, que ya no responde a la realidad cotidiana de la violencia juvenil.

En ese marco, el exmagistrado avaló la modificación de la franja etaria, al menos para delitos graves. “Me parece correcto que los delitos violentos cometidos por menores de entre 14 y 16 años tengan sanción. No hablo de represión, hablo de responsabilidad”, aclaró, diferenciándose tanto de las posturas punitivistas más duras como del garantismo absoluto.

Más que un número: el vacío del sistema

Sin embargo, Crucella advirtió que reducir la edad de imputabilidad sin una reforma integral sería, en los hechos, una medida vacía. “La edad sola no sirve para nada si no está acompañada de un sistema que garantice protección y readaptación”, subrayó, poniendo el foco en una de las principales falencias estructurales del Estado.

El exjuez cuestionó la lógica binaria que suele dominar el debate público. “Nuestro grave error es que siempre nos vamos a los extremos por cuestiones ideológicas. Pasamos del garantismo puro, que descuida a la víctima, a querer mandarlos a la cárcel común”, señaló. En esa línea, reclamó la creación de institutos específicos, separados del sistema penitenciario adulto, y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

La discusión, además, expone una tensión central con el discurso del ajuste. Crucella apuntó directamente al Poder Ejecutivo nacional y a la falta de asignación presupuestaria. “El señor presidente tendrá que asignar recursos, aunque le guste decir que ‘no hay plata’. Si no hay presupuesto, no se va a lograr nada”, advirtió, al remarcar que la baja de imputabilidad exige un régimen de protección real y no solo una reforma legal.

Una decisión que excede lo penal

Con el debate ya instalado en el Congreso, la discusión dejó de girar únicamente en torno a una edad específica. Lo que está en juego es qué modelo de responsabilidad penal juvenil está dispuesto a construir el Estado argentino: uno centrado exclusivamente en la sanción o un sistema que combine responsabilidad, contención y posibilidad de recuperación.

Como sintetizó Crucella, el desafío no es solo castigar, sino decidir si el Estado contará con la capacidad política, institucional y presupuestaria para ofrecer una verdadera segunda oportunidad. En ese punto, la baja de la edad de imputabilidad aparece menos como una solución en sí misma y más como un espejo de las limitaciones —y decisiones— de la política criminal argentina.