El inicio del año legislativo vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles del sistema penal argentino: la baja de la edad de imputabilidad. Con un Congreso activado por las sesiones extraordinarias y una agenda cargada de temas de alto voltaje político, el Gobierno nacional decidió avanzar con la Ley Penal Juvenil, un proyecto largamente postergado que ahora encuentra un escenario parlamentario más favorable. En ese marco, Córdoba decidió mover fichas y alinearse con la Casa Rosada.

El gobernador Martín Llaryora dará aval político a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional, que tuvo su génesis en la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y hoy vuelve al centro de la escena con dictamen en la Cámara de Diputados. En el tablero cordobés, el encargado de ponerle voz y sustento técnico a esa postura será el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convertido en el principal emisario provincial para una discusión que promete escalar en tensión política y social.

El proyecto, que reduce la edad de imputabilidad y redefine el régimen penal juvenil, logró un consenso poco habitual para una reforma de esta magnitud: 77 firmas positivas sobre un total de 142 diputados en comisión. La ratificación de Laura Rodríguez Machado como presidenta de la Comisión de Legislación Penal refuerza el andamiaje parlamentario del oficialismo nacional, que busca capitalizar este respaldo para llevar el tema al recinto en el corto plazo.

El nuevo equilibrio de fuerzas en Diputados juega a favor de La Libertad Avanza. Con 95 bancas propias, el oficialismo nacional suma el acompañamiento del PRO y de sectores de la UCR, acercándose al número necesario para aprobar la iniciativa. En ese contexto, el bloque de Provincias Unidas y, en particular, la posición de los gobernadores que lo integran, se vuelve determinante. Córdoba aparece allí como una pieza clave.

Desde el Centro Cívico confirmaron que Llaryora respalda la medida en función de los datos aportados por las áreas de Seguridad y Justicia. No es un dato menor: el gobernador elige involucrarse en una discusión incómoda, que divide aguas incluso dentro de los espacios políticos tradicionales, y lo hace en sintonía con la Nación, en un momento en el que los gestos de cooperación entre provincias y el Gobierno de Javier Milei son cuidadosamente observados.

Sin embargo, el presunto acompañamiento cordobés no está exento de desconfianza. Desde la oposición nacional deslizan dudas sobre la consistencia de la postura del mandatario provincial. “No sabemos qué va a hacer Llaryora. Porque dicen una cosa y después encaran para otro lado, como pasó con la Ley de Inocencia Fiscal”, advierten. En el oficialismo provincial, en cambio, aseguran que la línea política está definida, al menos entre los legisladores que responden o mantienen diálogo fluido con el gobernador.

Quinteros, con los números sobre la mesa

Juan Pablo Quinteros asumirá el rol de vocero del respaldo cordobés al proyecto. El ministro sostiene su posición en estadísticas que, según su cartera, reflejan una problemática estructural: ocho de cada diez personas involucradas en hechos delictivos son menores de edad, aunque aclara que en los delitos graves la mayor incidencia sigue estando en adultos. Para el funcionario, esos datos evidencian una realidad cotidiana para las fuerzas de seguridad y un vacío legal que, asegura, la normativa vigente no logra cubrir.

“Está claro que esta es una discusión que hay que dar. Desde el año pasado, cuando Patricia Bullrich habló de este proyecto, di mi apoyo, porque es una problemática que vemos todos los días en la calle. Cada vez son más los pibes que delinquen”, sostiene Quinteros. En su diagnóstico, sin un marco legal actualizado, el accionar policial queda condicionado por un esquema que define como “garantista” y por un sistema de “puerta giratoria” que, afirma, se activa de manera automática.

El ministro también planteó la necesidad de que el nuevo régimen contemple penas privativas de la libertad con plazos máximos para adolescentes, con un objetivo que exceda lo punitivo. Según su visión, la ley debe apuntar a que el joven tome noción de la responsabilidad legal de sus actos, con una finalidad clara de resocialización, integración y con la educación como eje central del proceso.

Así, Córdoba se sube a una discusión que atraviesa a todo el sistema político y que promete convertirse en uno de los debates más ásperos del año legislativo. Con el respaldo del gobernador y el despliegue técnico de Seguridad, la Provincia apuesta a jugar en sintonía con la Nación, aun sabiendo que el costo político de esa decisión todavía está por escribirse.